El Ministerio de Turismo confirmó que, con la reciente aprobación de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas, el presidente Daniel Noboa puede disponer a través de Decreto Ejecutivo la reducción del IVA del 15% al 8% para servicios turísticos durante todos los feriados nacionales o locales del año. Esta medida, clave en la agenda de turismo, busca dar impulso al sector turístico ecuatoriano y “dinamizar las economías locales”, remarcó la entidad.

Además, la normativa permite al primer mandatario aplicar la reducción del impuesto al valor agregado del 15% al 8% en los fines de semana previos o posteriores a los feriados, lo que amplía las oportunidades de descuento para los turistas. La Ley elimina el límite anterior de doce días al año que restringía estos beneficios, lo que abre un abanico de nuevas posibilidades para fortalecer la industria turística nacional.

Reducción del IVA: ¿a qué servicios aplicará?

La reducción del IVA beneficiará únicamente a las actividades turísticas registradas formalmente. Entre estos servicios destacan el alojamiento, alimentos y bebidas, transporte turístico (incluido el aéreo), agencias de viajes. Asimismo, intermediación, operación y otros prestadores regulados dentro del marco legal vigente. La disposición apunta a incentivar el turismo interno y a robustecer el entramado económico que sostiene a más de medio millón de familias en Ecuador.

El Ministerio de Turismo resaltó que la intención es que cada vez más ciudadanos “recorran las cuatro regiones del país”, exploren su cultura, biodiversidad y gastronomía, al tiempo que se minimizan los costos y se “fortalece la cadena de valor del turismo”.

Impulso para economías locales y cultura nacional

Aprovechar los feriados para viajar dentro de Ecuador representa ahora una gran oportunidad para los viajeros y las familias que dependen del turismo. La medida apuesta por un beneficio directo: más visitantes y un efecto dominó sobre restaurantes, hoteles y otros negocios vinculados. El turismo interno emerge como motor principal para la recuperación y el desarrollo económico de zonas rurales y urbanas que conservan patrimonio y biodiversidad.

El impacto de esta estrategia legislativa trasciende lo fiscal, ya que también promueve la apreciación de la identidad nacional y el consumo de producción local. De este modo, se prioriza el bienestar social vinculando el desarrollo económico con el disfrute responsable y sostenible de los atractivos nacionales.