El fiscal general del Estado (e), Wilson Toainga, advirtió este lunes en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional que los fiscales del país no han sido evaluados desde hace 12 años, responsabilizando al Consejo de la Judicatura por la omisión. Además, reveló un déficit de 600 fiscales a escala nacional y la falta de concursos públicos desde 2015, lo que afecta el desempeño de la administración de justicia.
Durante su comparecencia, Toainga indicó que la última evaluación a fiscales se realizó en 2013. Señaló que este proceso es competencia exclusiva del Consejo de la Judicatura y no de la Fiscalía. “Mal podríamos decir que es nuestra responsabilidad evaluar a los fiscales, cuando nosotros no la tenemos”, afirmó.
El fiscal subrayó que esta situación genera riesgos para la eficiencia institucional y para la rendición de cuentas en el sistema judicial. “Si no rendimos, tenemos que irnos a nuestra casa, porque debemos dejar ese espacio para una persona que actúe con mejor oficio”, manifestó.
Wilson Toainga: déficit estructural de fiscales
En su intervención, Wilson Toainga informó que Ecuador cuenta con 887 fiscales, número insuficiente para cubrir la demanda nacional. Señaló que el déficit asciende a 600 fiscales, lo cual ha sido reportado en 16 solicitudes formales al Consejo de la Judicatura desde 2019.
El representante del Ministerio Público explicó que el último concurso público para fiscales fue en 2015, hace una década. A pesar de los esfuerzos por cubrir turnos de lunes a domingo, la carga procesal supera la capacidad actual del personal. “Los fiscales que actualmente laboramos no damos abasto”, enfatizó.
Llamado al Consejo de la Judicatura
Wilson Toainga hizo un llamado directo al Consejo de la Judicatura para que convoque a concursos que permitan cubrir las vacantes existentes. Según el fiscal, sin nuevas designaciones será imposible responder a las exigencias de un sistema judicial que enfrenta además una creciente carga por el conflicto armado interno.
En este contexto, recordó que la Fiscalía no tiene potestad para sancionar disciplinariamente a sus funcionarios, ya que dicha atribución recae en el Consejo de la Judicatura.
Investigaciones a operadores de justicia
Otro dato relevante que proporcionó Toainga es que 68 operadores de justicia son investigados por presunto error manifiesto y negligencia. En total, existen 75 noticias de delito con base en informes de la Contraloría General del Estado.
De estas, 18 involucran presunto enriquecimiento ilícito en fuero de corte, 17 están bajo fuero de corte provincial, y 57 afectan a jueces y exjueces.
La Dirección de Control Jurídico de la Fiscalía es el organismo que da seguimiento a las actuaciones de más de 850 fiscales en país. No obstante, su rol es únicamente de supervisión interna, sin capacidad sancionadora directa.
Contexto institucional
La situación expuesta por Toainga se enmarca en una crisis estructural del sistema judicial ecuatoriano, donde la falta de personal, la carencia de controles y evaluaciones, y los retrasos en concursos de méritos han debilitado la eficiencia de la administración de justicia.
La intervención del fiscal se produjo en el marco del proceso de fiscalización sobre presuntas actuaciones irregulares de operadores de justicia en el contexto del conflicto armado interno que enfrenta el país.
