Manabí suma más de 9 años sin poder utilizar el moderno edificio de la Corte Provincial de Justicia, afectado por el terremoto del 2016.
Jaime Rodríguez Sacoto, ex vocal del Consejo de la Judicatura (CNJ), recuerda que en el año 2006 el edificio, ubicado en pleno casco comercial de Portoviejo, fue inaugurado, cuando él presidió la comisión administrativa financiera del CNJ. Destaca que existía determinación para lograr cosas positivas por la provincia. Él considera que ahora no hay ese espíritu, al punto que, tras casi una década, aún no se logra que el edificio de la justicia logre ser rehabilitado.
-¿Qué siente como manabita al ver que un edificio de esta magnitud no se puede utilizar?
Nostalgia, porque el 12 de marzo del 2006, previo a gestiones intensas, que se realizaron en el Consejo de la Judicatura en Quito, se logró inaugurarlo. Recuerdo que el presidente de la república, Lucio Gutiérrez, estuvo presente. Además este era uno de los mejores edificios del país en la parte de justicia, hasta que el terremoto del 2016 lo afectó.
-Es decir, hace casi 20 años existió una determinación para que se logre culminar el edificio ¿y ahora no?
Claro, a mi me tocó presidir la comisión administrativa financiera del Consejo de la Judicatura, y a través de ella hicimos todas las gestiones pertinentes para reestructurar un presupuesto de inversión y concluir este edificio que vale recordar, estuvo muchos años abandonado, no lo culminaban por falta de recursos, hasta que tuve la suerte de llegar a esa instancia y aportar con un granito de arena hasta dejarlo operativo.
-¿Y por qué ahora los manabitas no logran que este edificio esté funcionando?
Vale recordar que según un informe técnico (…), se hizo un contrato de reparación hace varios años (2019), luego del terremoto y en el transcurso del mismo aparecieron muchas vicisitudes técnicas, prórrogas, por parte del contratista y ahora mismo está abandonado. Supe que había que solucionar una losa de la parte externa y ahí está parado. Es algo inaudito, además, hace dos o tres años compraron todo el mobiliario para este edificio que no estaba concluido. Casi 200.000 dólares, entonces se pusieron los zapatos antes de las medias.
-Entonces, con toda la inversión que se realizó en su momento, y además se asignaron cerca de 5 millones de dólares para la reparación, ¿qué hay de fondo para no dar el paso final de la rehabilitación?
Pienso que han sido negligencia. Falta de voluntad política del Consejo (de la Judicatura), y obviamente mala gestión de los directores de aquí de Manabí que durante nueve años no han logrado una solución.
-¿Negligencia de parte de quién?
Bueno de las personas que tienen a cargo la aplicación de la justicia en el ámbito administrativo, Consejo de la Judicatura, de los vocales en Quito y los directores provinciales que no han tenido el suficiente poder de gestión para que se habilite este edificio y obviamente para que el contratista cumpla las medidas legales pertinentes.
-¿Qué deben hacer los manabitas para que se logre habilitar?
Lo fundamental poder político, las gestiones ante el gobierno que hagan que el Consejo de la Judicatura lo concluya con el financiamiento, y con todas las cuestiones técnicas y jurídicas. Hay un informe del estado actual de la obra, por eso imagino que debe ser un contrato addendum para poder terminar el edificio.
-¿Ha faltado articulación de las autoridades desde Manabí para terminarlo?
Y creo que falta presión en el ámbito político, porque es un tema que se maneja en el gobierno central, los recursos los maneja el Estado, el Gobierno. Entonces falta de gestión y presencia política de todos los estamentos involucrados.
-Pero el Consejo de la Judicatura tiene independencia, ¿por qué necesita del Gobierno?
Sí, tiene independencia, pero financieramente depende del Ejecutivo, los recursos son del Gobierno. Entonces ahí está la falta de articulación entre el Ejecutivo y el poder judicial para que esté operativo.
-¿Ud podría involucrarse en una posible rehabilitación?
Lo haría como un abogado en libre ejercicio. Aquí ya existe un colectivo ciudadano que se llama ¿Y la Corte Pa’ Cuando?, que lo preside el abogado George Farfán, que por muchos años ha luchado por el objetivo.
-¿Cree que el presidente Daniel Noboa, ahora que está en un período más largo, lo podrá hacer?
Yo pienso que sí, pero depende también de los agentes políticos de la provincia de Manabí que presionen para que el CJ prorrogado en funciones, o el que venga, tenga la voluntad de terminarlo. Es un edificio muy bonito. Ojalá se concluya por el bien de Manabí. Estamos hablando que se trata de la Corte Provincial de Justicia.
-¿Quiénes se deben involucrar en este tema para presionar?
Todos los que tengan poder político y decisión con el Ejecutivo para que, si es cuestión de recursos económicos, hagan las gestiones necesarias con el Ejecutivo y Ministerio de Finanzas, coordinando con la Judicatura porque realmente es el órgano administrativo que maneja este tipo de obra. El contrato original del Palacio de Justicia fue de casi 5 millones de dólares, pero hay estudios para un contrato complementario. (36)
Por Galo Mero.
