La Asamblea Nacional del Ecuador aprobó entre el 7 y el 10 de junio dos leyes en materia de seguridad: la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley de Inteligencia. Ambas fueron impulsadas por el presidente Daniel Noboa. Las normas buscan enfrentar el avance del crimen organizado, pero han sido criticadas por organizaciones como Human Rights Watch (HRW).
Nuevas facultades para el Ejecutivo
La Ley de Solidaridad Nacional, aprobada el 7 de junio, otorga al presidente la facultad de declarar un “conflicto armado interno”. Esta figura legal permite a las fuerzas de seguridad emplear fuerza letal, ejecutar allanamientos sin orden judicial y suspender derechos sin cumplir los criterios establecidos por la Constitución ni el derecho internacional.
De acuerdo con el texto aprobado, cualquier grupo conformado por al menos tres personas que ejerza “violencia prolongada” podría ser considerado como un grupo armado organizado. La autoridad para determinar esa clasificación quedaría en manos de las propias fuerzas del orden, sin necesidad de revisión judicial previa.
Además, la ley autoriza al presidente a indultar a miembros de las fuerzas de seguridad investigados por presuntas violaciones cometidas en este contexto. Se excluye también la aplicación de medidas cautelares como prisión preventiva, permitiendo que los investigados continúen en funciones.
Observaciones de la Corte Constitucional a las leyes
La Corte Constitucional del Ecuador ha cuestionado en repetidas ocasiones el uso del concepto de “conflicto armado interno” como justificación para declarar estados de excepción. Según sus dictámenes, el Ejecutivo no ha demostrado el cumplimiento de los requisitos establecidos por el derecho internacional para justificar dicha figura.
La nueva normativa, sin embargo, establece un régimen jurídico especial que intenta eludir los límites establecidos por el marco constitucional. Esto incluye la supervisión judicial que rige en los estados de excepción.
Human Rights Watch advierte que esta ley crea un entorno legal que podría facilitar abusos y restringir libertades civiles en nombre de la seguridad nacional, afectando directamente a la población civil.
Sistema de inteligencia sin orden judicial
La Ley de Inteligencia, aprobada el 10 de junio, crea el Sistema Nacional de Inteligencia. Se trata de una red coordinada por una autoridad designada por el presidente e integrada por entidades militares, policiales, tributarias, penitenciarias y aduaneras.
Uno de los puntos más sensibles de esta ley es que obliga a todas las entidades públicas y privadas, empresas y ciudadanos a proporcionar información al sistema sin requerir una orden judicial. Esto incluye a operadoras de telecomunicaciones, que deberán entregar datos históricos y en tiempo real.
La normativa también permite interceptar comunicaciones privadas sin autorización judicial, amparándose en motivos amplios como la “seguridad integral del Estado”. Según HRW, esta disposición vulnera derechos constitucionales como la intimidad personal, la protección de datos y la inviolabilidad de las comunicaciones.
Riesgos para derechos fundamentales por leyes aprobadas
Human Rights Watch ha advertido que las disposiciones de ambas leyes podrían tener un efecto inhibitorio sobre la libertad de expresión. Profesionales que manejan información sensible, como periodistas, abogados y médicos, podrían verse obligados a revelar datos confidenciales, afectando principios de secreto profesional y protección de fuentes.
La organización internacional solicitó que ambas leyes sean revisadas y ajustadas para asegurar su compatibilidad con la Constitución del Ecuador y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Según su directora para las Américas, Juanita Goebertus, “una seguridad duradera no se logra otorgando poderes ilimitados al Ejecutivo, sino fortaleciendo el sistema judicial y defendiendo el Estado de derecho”.
Inseguridad en aumento
Ecuador enfrenta una crisis de violencia relacionada con el crimen organizado. En 2023, la tasa de homicidios superó los 47 por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. Aunque en 2024 hubo una reducción aproximada del 15 %, las cifras de 2025 indican un nuevo incremento en los homicidios.
El gobierno de Daniel Noboa ha defendido las leyes como una respuesta necesaria ante el crecimiento de las estructuras criminales. No obstante, expertos y entidades internacionales insisten en la necesidad de medidas que respeten los derechos fundamentales y fortalezcan la institucionalidad democrática (21).
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