El presidente Donald Trump activó este lunes una prohibición total de entrada a ciudadanos de 12 países, principalmente de África y Medio Oriente, con el argumento de proteger la seguridad nacional. La medida, anunciada el pasado miércoles, también impone restricciones parciales a otras siete naciones, incluyendo Cuba, Venezuela y Laos, y no tiene fecha de finalización.
AMPLÍAN LA LISTA DE PAÍSES RESTRINGIDOS POR TRUMP
La nueva proclamación presidencial afecta a ciudadanos de Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, impidiéndoles el ingreso a EE. UU. bajo cualquier categoría de visado. Además, se impusieron restricciones parciales a Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.
Según el documento publicado por la Casa Blanca, las naciones mencionadas carecen de sistemas confiables de verificación de identidad. Además de cooperación consular en materia de seguridad. El gobierno justificó la decisión afirmando que estas deficiencias suponen una “amenaza para la seguridad nacional”.
La administración no descarta ampliar la lista en el futuro, dependiendo del surgimiento de “nuevas amenazas globales”. El Departamento de Estado aclaró que los visados emitidos antes de la entrada en vigor no serán revocados, según cables internos difundidos por la agencia Associated Press.
RECHAZO INTERNACIONAL Y PROTESTAS INTERNAS
Los gobiernos de Cuba, Irán, Yemen, Somalia y Venezuela condenaron públicamente la medida. Asimismo, comunidades migrantes y activistas en EE. UU. han denunciado el impacto de la política sobre familias divididas y estudiantes internacionales.
En Los Ángeles, por tercer día consecutivo, se registraron protestas contra los operativos migratorios. Manifestantes se enfrentaron con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras la detención de 44 personas en redadas recientes.
La agencia ICE informó que se están realizando en promedio 1.600 detenciones diarias en todo el país, como parte de una campaña de deportaciones aceleradas, muchas veces sin audiencia judicial o posibilidad de apelación.
UNA POLÍTICA QUE LLEGA A LOS TRIBUNALES
Varias medidas del gobierno en materia migratoria han sido desafiadas en cortes federales, que han impuesto medidas cautelares de alcance nacional para detener temporalmente algunas acciones de la administración Trump. La Casa Blanca ha elevado varios casos a la Corte Suprema, argumentando interferencia judicial en su política migratoria.
Desde su retorno al poder, Trump ha impulsado una agenda de mano dura contra la inmigración, la cual incluye redadas masivas, cierres fronterizos parciales y restricciones a visados estudiantiles y laborales. Grupos de derechos civiles y fiscales generales de estados demócratas han presentado demandas en contra de las nuevas directrices.
