El Gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa llevará a cabo auditorías exhaustivas en las empresas públicas del país. Este proceso fundamental comenzará con Petroecuador, Celec y CNEL, entidades clave para la infraestructura nacional. El objetivo principal es erradicar la corrupción y fomentar la competitividad internacional.
Carolina Jaramillo, la nueva portavoz del Ejecutivo, anunció esta medida trascendental. Su declaración, realizada tras su presentación en el Palacio de Carondelet en el Centro de Quito, marcó el inicio de una nueva era de rendición de cuentas. Jaramillo, experta en comunicación, enfatizó el compromiso del mandatario con la integridad fiscal del país.
Daniel Noboa cuenta con respaldo internacional
La nueva vocera informó que el proceso de auditorías contará con el respaldo de tres firmas internacionales de primer nivel: Deloitte, PwC y EY. Estas reconocidas empresas ya han manifestado su interés en participar, aportando su experiencia y garantizando la imparcialidad. La visión del presidente Daniel Noboa apunta a desterrar la corrupción arraigada en estas empresas, transformándolas en competitivas de talla internacional.
Las evaluaciones contemplarán auditorías financieras, forenses y una revalorización de activos. Según Jaramillo, el gobierno de Daniel Noboa tiene el objetivo de sanear por completo a estas instituciones. Este proceso integral busca identificar y corregir irregularidades pasadas. La revalorización de activos garantiza una evaluación precisa. La portavoz también dijo que el proceso no se limitará solo a estas tres empresas iniciales. Sin embargo, estas son las prioritarias, enfatizando que la meta es volver al Estado transparente.
En el caso de Petroecuador, por ejemplo, ya se han realizado auditorías previamente. En 2023, la empresa estatal recibió recursos para financiar evaluaciones sobre estados financieros correspondientes a los años 2019, 2020 y 2021. Este antecedente demuestra la necesidad de una supervisión continua.
Focalización de subsidios y estímulo económico
En la rueda de prensa del 2 de junio, Carolina Jaramillo además informó sobre la decisión del presidente Daniel Noboa de enfocar los subsidios en quienes “más los necesitan”. Esta medida busca optimizar los recursos públicos.
De ahí que, mencionó, se elimina el subsidio al diésel para el sector atunero industrial. Este sector en 2024 registró un crecimiento notable que alcanzó $1.641 millones en exportaciones y una producción de 564.997 toneladas, un 21% por encima del promedio de años anteriores. La eliminación de este subsidio promueve la autosuficiencia del sector. Sin embargo, la medida no se aplicará a los pescadores artesanales, garantizando su apoyo.
Según lo informado, 29 empresas atuneras, las más grandes del sector, absorben el 60% del valor del subsidio. En 2024, el subsidio a este sector representó $42 millones. Esta revisión de subsidios es esencial para la eficiencia económica. En cuanto a las compensaciones, el Banco del Pacífico extenderá líneas hasta por $42 millones. Esto con el respaldo y cobertura de la Corporación Financiera Nacional (CFN), vía el Fondo Nacional de Garantía.
Esos mecanismos están dirigidos a cubrir hasta el 75% del riesgo que tomaría el banco con las empresas. La tasa de interés será del 6% anual, ofreciendo condiciones favorables. Esta estrategia de compensación busca mitigar el impacto.
Ajustes en tarifa de energía eléctrica
La portavoz del Gobierno, además, indicó que habrá ajustes para grupos de Alto Voltaje (AV1) y Medio Voltaje (MV). Estos consumidores pasarán a pagar el costo real del servicio. Los AV1 pagan un precio medio de 7,91 cUSD/kWh y pasarán a 10,22 cUSD/kWh. En el caso de los de Medio Voltaje irá de 9,27 cUSD/kWh a 1,64 cUSD/kWh. La decisión excluye, por orden presidencial, a asistencia social, bombeo de agua para comunidades campesinas y escenarios deportivos. Tampoco aplica para el sector residencial, protegiendo a los más vulnerables.
