La exprefecta del Guayas, Susana González, calificó como un “show” político la decisión de la prefecta Marcela Aguiñaga de terminar unilateralmente el contrato de dragado del río Guayas, anunciado este jueves. En un video difundido en redes sociales, González acusó a Aguiñaga de usar la cancelación del acuerdo, firmado en 2022 por USD 44 millones, para desprestigiar su gestión. La terminación, justificada por multas de USD 2.35 millones por retrasos del consorcio Dragando por Guayas, ha desatado un enfrentamiento político en torno a un proyecto clave para mitigar inundaciones y mejorar la navegabilidad del río.
Críticas de González
González defendió la contratación del consorcio Dragando por Guayas, suscrita durante su administración en mayo de 2022, destacando que representó un ahorro de USD 63 millones frente a un contrato anterior de USD 90 millones. En su video, publicado en su cuenta de X, afirmó que el proceso fue transparente, con aval de la Contraloría General del Estado, y que el dragado extrajo 4 millones de metros cúbicos de sedimentos de los 6.28 millones previstos, pese a retos logísticos. “Han tomado la contratación del servicio del dragado para hacer un show”, declaró, acusando a Aguiñaga de actuar con “malicia”.
La exprefecta instó a Aguiñaga a “ponerse a trabajar” y dejar de politizar un proyecto que beneficia a sectores productivos de ocho provincias, como agricultura y pesca. González subrayó que la obra enfrentó obstáculos, como escombros en el río y paros por mantenimiento de la draga Tianrun 6, pero insistió en que los avances fueron significativos y esenciales para prevenir inundaciones en Guayaquil.
Contexto de la terminación del contrato
Aguiñaga anunció la terminación unilateral del contrato debido a multas acumuladas por USD 2.35 millones, equivalentes al 5% del valor del acuerdo, por incumplimientos del consorcio. Según la Prefectura del Guayas, la draga, que llegó en abril de 2023 tras meses de retrasos, extrajo solo 2.5 millones de metros cúbicos de sedimentos para octubre de 2023, cuando se esperaban 3.5 millones. El contrato, suspendido desde el 15 de abril de 2025, también enfrentó problemas como la presencia de escombros y paros frecuentes, según un informe oficial.
Aguiñaga propuso crear una mancomunidad con gobiernos autónomos descentralizados (GAD) para abordar la sedimentación desde las cuencas altas y bajas, argumentando que el modelo actual era deficiente. La decisión cuestionada por González, sostiene que los retrasos no justifican la cancelación de una obra de impacto regional.
Tensión política y antecedentes
La disputa refleja la rivalidad entre González, vinculada al Partido Social Cristiano, y Aguiñaga, del movimiento Revolución Ciudadana. Durante su gestión (2020-2023), González impulsó el dragado como una solución a las inundaciones recurrentes en Guayaquil. Sin embargo, expertos señalan que el dragado tiene un impacto limitado sin abordar la planificación urbana. El contrato de 2022, aunque más económico que el anterior, enfrentó críticas por la selección del consorcio y los retrasos iniciales. La Prefectura no ha detallado el costo de la terminación ni los planes inmediatos para el dragado.
Impacto y perspectivas
La crítica de González pone en el centro la politización de un proyecto crucial para Guayaquil. Sectores productivos, como los arroceros, advierten que la interrupción del dragado podría afectar la cosecha de 2026, según la Cámara de Agricultura. Mientras Aguiñaga avanza con su propuesta de mancomunidad, la controversia subraya la necesidad de un enfoque técnico para resolver los problemas del río Guayas. La resolución dependerá de cómo la Prefectura gestione las secuelas del contrato y garantice la continuidad de las obras.
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