Tras 4 años de investigación, la Fiscalía de Pichincha pidió el archivo del caso que se sigue en contra del exprefecto de Manabí.

Además de Mariano Zambrano, estaban implicados su hijo, Mariano Zambrano Vera, y otros que constan en la denuncia que presentó la entonces consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), María Arboleda, ya fallecida, junto con la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

Para Roosevelt Cedeño, abogado del exprefecto, esto “es resultado del trabajo que con objetividad y profesionalismo” ha hecho la Fiscalía provincial.

“En todos estos años se ha evacuado evidencia de tipo testimonial, documental y pericial y se ha logrado descartar que no existen los tipos penales denunciados, porque no hay materialidad de ningún tipo de infracción ni responsabilidad con los sujetos y objetos de esta denuncia”, destacó.

ARGUMENTO

El pedido de la Fiscalía señala que “la línea investigativa ha sido lograr determinar la existencia de un tráfico de influencias en la celebración y adjudicación de contratos realizados con el Estado y las empresas relacionadas al señor Prefecto de Manabí y sus familiares, sin embargo, no se ha establecido mediante ningún elemento de convicción constante en el proceso, la vinculación de los investigados mediante una actuación dolosa, que implique un vínculo directo o grado de participación ya sea como autoría mediata, directa o coautoría, para lograr ejercer influencia en la adjudicación de dichos contratos, así como también no se ha identificado a los servidores públicos de las empresas estatales sobre los cuales se influyó para lograr obtener este beneficio de carácter económico”.

El consejero del CPCCS, el manabita Francisco Bravo, dijo que se opondrán al pedido de archivo ante la Corte Provincial y que, de prosperar, iniciarán acciones contra los fiscales de Pichincha.