La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó una pena de 13 años de prisión para el exvicepresidente Jorge Glas y el exsecretario técnico Carlos Bernal. Esto por el delito de peculado en el caso Reconstrucción de Manabí. La petición, presentada por el fiscal general encargado, Wilson Toainga, se realizó durante los alegatos de cierre en la audiencia de juzgamiento. Durante este proceso se investiga el uso indebido de fondos destinados a la recuperación tras el terremoto de 2016.
Tras el juicio, desarrollado en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se acusó a Glas, expresidente del Comité para la Reconstrucción, y a Bernal de priorizar proyectos ajenos a los objetivos de la Ley de Solidaridad. Dicha ley se aprobó para atender las necesidades de salud, educación, vivienda y reactivación económica en Manabí y Esmeraldas tras el sismo del 16 de abril de 2016. Según el fiscal, ambos abusaron de los recursos públicos, recaudados por la ciudadanía, al autorizar obras innecesarias que beneficiaron intereses particulares.
Jorge Glas espera sentencia por el delito de peculado
De este juicio, en la CNJ, participaron los jueces Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Javier de la Cadena. Entre los proyectos cuestionados están el acceso a Bahía de Caráquez, el puente sobre el río Jama y el derrocamiento de escombros. También constan el puente sobre el río Mataje, cuatro facilidades pesqueras en San José de Chamanga, Cojimíes, Arenales de Crucita y Puerto López, y el Espigón de Sacrificio en la parroquia San Mateo, en Manta.
Estas obras, ejecutadas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas e Inmobiliar, se declararon prioritarias sin justificación, resultando en construcciones inservibles o inutilizadas, según la Fiscalía. Toainga destacó que el delito de peculado incluye no sólo la apropiación de fondos, sino también su uso indebido, como en este caso.
Según el fiscal se ignoró la tragedia humana
La Fiscalía argumentó que Jorge Glas y Bernal ejercieron control sobre las decisiones de priorización, incumpliendo la Ley de Solidaridad y las normas de contratación pública. “El abuso de dineros públicos es evidente”, afirmó Toainga, señalando que las obras no respondieron a las necesidades de las víctimas del terremoto. A decir del fiscal, dichas obras dejaron un legado de “elefantes blancos” que ignoraron la tragedia humana en las zonas afectadas.
Además de la pena máxima, la Fiscalía solicitó una multa de 70 Salarios Básicos Unificados (32.900 dólares) para cada procesado, a depositar en el Tesoro Nacional. Para la reparación integral, pidió 225 millones de dólares a favor de la Procuraduría General del Estado. Como reparación inmaterial, propuso la publicación de la sentencia en las páginas web de la Vicepresidencia y los gobiernos autónomos de Manabí y Esmeraldas. También la difusión de la parte resolutiva en un medio nacional durante tres días consecutivos y disculpas públicas de los acusados ante un juez.
Se recaudaron más de mil millones de dólares
El caso Reconstrucción de Manabí se enmarca en los esfuerzos por esclarecer la gestión de los fondos tras el terremoto de 7.8 grados que dejó más de 670 muertos y miles de damnificados. La Ley de Solidaridad permitió recaudar más de mil millones de dólares mediante contribuciones ciudadanas. Sin embargo, las irregularidades detectadas han generado cuestionamientos sobre la transparencia en su administración.
Toainga enfatizó la necesidad de establecer un precedente para evitar futuros abusos de fondos públicos, especialmente en emergencias nacionales. El Tribunal de la CNJ analizará las pruebas presentadas durante los cinco días de audiencia para emitir su sentencia en los próximos días. La resolución será clave para determinar la responsabilidad de Glas y Bernal en uno de los casos de corrupción más relevantes del país, que ha reavivado el debate sobre la rendición de cuentas en la gestión pública.
