La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó suspender la deportación de un grupo de supuestos pandilleros venezolanos desde Texas. A todos los iban a trasladar a una prisión de máxima seguridad en El Salvador. Esto bajo decreto del presidente Donald Trump bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. La decisión responde a una apelación de emergencia presentada por la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU). Con eso se busca proteger a los migrantes retenidos en un centro de detención en Texas. Ellos enfrentan una expulsión inminente sin acceso a un proceso judicial.
El fallo del máximo tribunal prohíbe al gobierno estadounidense expulsar a los detenidos hasta nueva orden, garantizando que tengan la oportunidad de impugnar su deportación. La medida frena una acción impulsada por Trump. El mes pasado invocó una ley para arrestar a miembros de la banda venezolana Tren de Aragua y trasladarlos a una cárcel salvadoreña. Se trata de una ley que se usa sólo en conflictos bélicos como la Guerra de 1812 y las guerras mundiales.
Corte Suprema de Estados Unidos lapuntó el pulgar hacia abajo
La ACLU presentó un recurso de emergencia argumentando que los migrantes, retenidos en un centro de Texas. A ellos los notificaron de su expulsión inmediata sin derecho a defensa. “Estos hombres estaban en peligro inminente de pasar sus vidas en una prisión extranjera sin haber tenido la oportunidad de ir a un tribunal”, afirmó Lee Gelernt, abogado de la ACLU. Según el grupo, muchos de los detenidos fueron señalados como pandilleros por sus tatuajes, sin pruebas de haber cometido delitos o de pertenecer al Tren de Aragua.
El recurso también destacó que algunos migrantes ya habían sido trasladados en autobuses, hacia un aeropuerto, para su deportación. La Corte Suprema, que este mes ya había ordenado que los afectados por esta ley tengan derecho a un proceso judicial, actuó rápidamente para detener las expulsiones. La decisión llega tras reportes de que otros venezolanos fueron deportados el mes pasado bajo las mismas condiciones, lo que generó críticas de organizaciones de derechos humanos.
Contexto de la Ley de Enemigos Extranjeros
La Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 permite al presidente detener y deportar a ciudadanos de países considerados hostiles en tiempos de conflicto. Trump, durante su reciente campaña electoral, prometió una política migratoria dura. Él acusó a Venezuela de “perpetrar una invasión” en Estados Unidos mediante la entrada de supuestos miembros del Tren de Aragua. Esta narrativa ha sido cuestionada por defensores de derechos humanos.Ellos argumentan que la ley está siendo usada de manera indebida contra migrantes sin antecedentes penales.
El Tren de Aragua, una organización criminal originada en Venezuela, ha sido señalada por actividades delictivas en varios países. Sin embargo, la falta de evidencia concreta contra muchos de los detenidos ha generado controversia. Abogados de los migrantes deportados previamente insisten en que sus clientes fueron blanco de perfilamiento por su nacionalidad o apariencia, sin pruebas de afiliación delictiva.
Implicaciones y próximos pasos
La suspensión de las deportaciones representa una victoria temporal para los defensores de los derechos de los migrantes, pero el caso sigue abierto. La Corte Suprema no ha emitido un fallo definitivo sobre la legalidad de aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros en este contexto, lo que podría derivar en futuros debates judiciales. Mientras tanto, los migrantes retenidos en Texas permanecerán en el centro de detención hasta que se resuelva su situación legal.
La decisión también pone en el centro del debate las políticas migratorias de Trump, quien ha reiterado su compromiso de expulsar a millones de indocumentados. Organizaciones como la ACLU han prometido continuar su lucha para garantizar que los procesos de deportación respeten el debido proceso, en un contexto de creciente polarización sobre la inmigración en Estados Unidos.
