Este 29 de julio, los 146 legisladores presentes en el Pleno de la Asamblea Nacional aprobaron por unanimidad una resolución sobre ética parlamentaria. El documento rechaza la denuncia contra el asambleísta Joseph Santiago Díaz Asque, investigado por presunta violación a una menor. La resolución busca proteger la imagen institucional del Legislativo. También subraya la importancia de la transparencia en el proceso penal.
El texto destaca que la conducta ética fortalece la legitimidad de la Asamblea Nacional. Los legisladores deben actuar con probidad, respeto a derechos fundamentales y responsabilidad política. En este contexto, exhortaron a Díaz a renunciar voluntariamente para facilitar las investigaciones judiciales. La resolución responde a la conmoción social generada por el caso.
La Asamblea Nacional instó a las autoridades judiciales a actuar con rapidez e imparcialidad. El proceso debe garantizar los derechos de la presunta víctima y el debido proceso. Durante el debate, la asambleísta Mishel Mancheno enfatizó: “No se trata de una decisión partidista, sino de un compromiso con la ética institucional”.
La Asamblea Nacional y la ética legislativa
El legislador Blasco Luna resaltó la necesidad de claridad en las actuaciones parlamentarias. “La fiscalización debe ser para todos por igual”, afirmó, criticando otra acusación no procesada. La resolución busca recuperar la credibilidad del Legislativo ante la ciudadanía. Los legisladores debatieron ampliamente antes de aprobar el texto. Paola Jaramillo, otra legisladora, señaló: “Nadie está por encima de la ley”. Exigió la renuncia inmediata de Díaz, calificando el delito como infame. Lucía Pozo abogó por recuperar la confianza en el Parlamento. Ella destacó la importancia de una presidencia que honre la investidura legislativa. La resolución condena cualquier forma de impunidad.
Llamado a la coherencia
Andrés Castillo criticó la doble moral de sectores políticos que amnistiaron delitos similares en el pasado. Él pidió actuar con coherencia ética. La Asamblea Nacional busca evitar que el caso afecte su prestigio institucional. La ciudadanía espera resultados transparentes en la investigación judicial.
Las autoridades deben priorizar la protección de la menor involucrada. La resolución refuerza el compromiso con los derechos humanos y la transparencia. La Asamblea Nacional continuará supervisando el desarrollo del caso. Los legisladores instaron a evitar discursos vacíos y priorizar la responsabilidad política.
