La Junta de Política y Regulación Financiera expidió una resolución que aumenta las condiciones para las entidades digitales que prestan servicios de asesoría y administración de finanzas personales, exigiendo que operen como sociedades anónimas y cuenten con seguros para usuarios, a partir del 20 de mayo de 2025, para garantizar la seguridad y transparencia en el sector Fintech ecuatoriano.

Junta de Política Financiera: marco regulatorio

La resolución de la Junta de Política y Regulación Financiera establece un nuevo marco regulatorio para las empresas Fintech en Ecuador. Este endurecimiento de las normativas tiene como objetivo principal asegurar la protección de los usuarios y la estabilidad del sistema financiero digital. Las empresas que operan en el país bajo la Ley Fintech deben adaptarse a estas nuevas exigencias para continuar sus operaciones.

La normativa actualiza las condiciones para las personas jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, domiciliadas en Ecuador. Todas las entidades que ofrecen servicios de administración de finanzas personales o asesoría financiera mediante el uso de tecnologías digitales deben constituirse legalmente como sociedades anónimas ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Esta medida busca formalizar la operación de estas empresas.

Requisitos operativos y de capital

Además de la constitución como sociedad anónima, las Fintech deben contar con una infraestructura tecnológica segura, eficiente y robusta. Este requisito técnico garantiza la calidad y fiabilidad de los servicios ofrecidos a los usuarios. La estabilidad de los sistemas es crucial para la gestión de datos financieros sensibles.

Otro aspecto importante es la calificación del personal. Las empresas deben acreditar que su equipo cuenta con las competencias técnicas necesarias. Esto incluye poseer un título académico de tercer o cuarto nivel en Economía, Finanzas, Administración o áreas afines. Además, se exige un mínimo de tres años de experiencia general o al menos dos años de experiencia específica en entidades financieras o en el mercado de valores.

Exigencias financieras y de control

La Junta también definió que las Fintech deben disponer de un capital social no inferior a USD 200.000. Esta exigencia financiera busca asegurar la solidez económica de las empresas que operan en este sector. La capacidad financiera es un pilar fundamental para la confianza de los usuarios y la estabilidad del mercado.

La Superintendencia de Bancos será la encargada de la calificación de estas entidades. Además, las Fintech deberán contratar una póliza de seguro de responsabilidad civil, emitida por una entidad aseguradora sujeta a la supervisión y control de la Superintendencia de Compañías. Esta póliza de seguro debe cubrir los daños y perjuicios ocasionados a los usuarios o a terceros.

Prohibiciones claras para el sector

La nueva resolución establece una serie de prohibiciones claras para las Fintech. Se les prohíbe garantizar rendimientos en el marco de su operación. Tampoco pueden operar sin contar con la calificación otorgada por la Superintendencia de Bancos. Estas medidas buscan evitar prácticas riesgosas.

Adicionalmente, las Fintech tienen prohibido captar recursos del público en calidad de depósitos y conceder créditos. También se les prohíbe realizar operaciones no previstas en la norma. La Superintendencia de Bancos emitirá la norma de control específica para las entidades de administración de finanzas personales y/o asesoría financiera en 90 días contados a partir del 20 de mayo de 2025.