La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional aprobó este jueves 3 de julio, el cronograma para la actuación de pruebas en el juicio político contra Solanda Goyes Quelal, vocal principal del Consejo de la Judicatura (CJ), acusada de incumplimiento de funciones por el asambleísta Fernando Jaramillo. La fase de presentación de pruebas, que incluye documentos, grabaciones y testimonios, concluirá el próximo 10 de julio, según lo establecido por la Comisión. Este proceso busca determinar si Goyes obstruyó la aprobación de un reglamento para la selección de jueces constitucionales.
La sesión de la Comisión, presidida por Ferdinan Álvarez, revisó los elementos probatorios presentados por ambas partes. Jaramillo aportó 12 pruebas, 11 documentos físicos y una grabación de la sesión 33 del Consejo de la Judicatura. Por su parte, Goyes presentó 31 documentos relacionados con la misma sesión, además de cuatro enlaces de audio y video. Asimismo, solicitó al Consejo de la Judicatura enviar documentación adicional para respaldar su defensa.
Incorporación de nueva prueba
Con seis votos a favor, la Comisión aprobó la incorporación de nueva prueba propuesta por Jaramillo, amparada en el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Entre los elementos admitidos destaca una entrevista a Yolanda Yupangui, vocal del CJ, que aborda la causal del juicio político. Esta decisión amplía el alcance de la investigación, permitiendo un análisis más detallado de los hechos imputados a Goyes, relacionados con su presunta ausencia injustificada en sesiones clave del CJ.
Por su parte, Goyes sostiene que no existe norma constitucional o legal que la obligue a votar por propuestas que considere inconstitucionales. Además, argumentó que su actuación responde al artículo 181 de la Constitución, que exige jueces especializados en garantías jurisdiccionales. La vocal también refutó las acusaciones, calificándolas como “alejadas de la realidad” en un documento de 82 páginas presentado el 1 de julio.
Solicitud de suspensión por motivos de salud
Al inicio de la sesión, se dio lectura a un oficio de Goyes, quien solicitó la suspensión de los plazos del juicio político debido a una intervención quirúrgica programada para el 3 de julio, que la mantendrá inactiva por al menos 20 días, según un certificado médico. Sin embargo, Álvarez aclaró que la Comisión carece de competencia para decidir sobre esta petición.
Por lo que el oficio fue remitida al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para su resolución. Este organismo determinará si se suspenden los plazos, siguiendo el precedente del juicio político a la exfiscal Diana Salazar, donde se aplicó una medida similar por motivos médicos.
La posible destitución de Goyes podría agravar esta situación, dejando al organismo sin quórum para sesionar, según expertos. El juicio político, iniciado formalmente el 13 de junio tras su calificación por el CAL el 4 de mayo, refleja el interés de la Asamblea por fiscalizar la gestión judicial, aunque el correísmo ha señalado que podría tratarse de una persecución política.
Continúa proceso
Tras la conclusión de la etapa de pruebas el 10 de julio, la Comisión elaborará un informe que recomendará o no la censura y destitución de Goyes, el cual será debatido en el Pleno de la Asamblea. Este caso, junto a otros procesos de fiscalización en curso, pone en evidencia los desafíos que enfrenta la justicia ecuatoriana.
