La inacción de las autoridades de vivienda de los tres últimos gobiernos frente al abandono de las casas que debieron construirse para los damnificados del terremoto del 2016, es una muestra de negligencia estatal.

Se firmaron contratos con ligereza, hubo la falta de rigor en el cumplimiento de los requisitos y apuro por aplicar un proceso de emergencia -que obvió una serie de procedimientos-. Pura negligencia.

Todo eso llevó a que muchos contratistas se sintieran en la libertad de abandonar las obras, perjudicando a centenares de personas que perdieron sus viviendas en el trágico suceso del 16A.

“Ninguno de los gobiernos ha hecho nada por demandar a los contratistas incumplidos”.

Y eso dejó al mismo Estado sin posibilidad de reclamar, por lo que se intentó trasladar esa responsabilidad a los ciudadanos perjudicados.

Ninguno de los gobiernos ha hecho nada por demandar a los incumplidos y muestra la negligencia.

Mientras, aún hay familias que habitan en casuchas cubiertas con plásticos y otros materiales, sin ninguna característica que las asemeje a las mínimas condiciones de una vivienda digna.

Los gobiernos de Correa, Moreno y Lasso mantuvieron en su condición de damnificados a quienes ya pasaron por la terrible experiencia de perder sus casas y, en muchos casos, a miembros de sus familias.

Contraloría debe investigar lo que pasó y, de ser posible, establecer responsabilidades.

Editorial de El Diario publicado este lunes 13 de noviembre del 2023 en nuestra edición impresa.