El sábado 29 de marzo de 2025, la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) confiscó bienes valorados en 310,5 millones de dólares a 17 empresarios en Colombia, tras descubrir una red transnacional que robó petróleo de Ecopetrol desde el oleoducto Caño Limón-Coveñas, usando empresas legales para exportarlo a Asia y Europa.
La operación, fruto de interceptaciones telefónicas, fotos satelitales y seguimientos, reveló un esquema que movía un millón de barriles mensuales, equivalentes a 10 millones de dólares, sin registro en exportaciones. Los bienes incautados en Tolima, Bolívar, Valle del Cauca, Atlántico y Magdalena incluyen barcos, un edificio en Cartagena, autos de lujo y terrenos, tras un proceso penal y de extinción de dominio notificado el 18 de mayo de 2024.
Más de 20 camiones cisterna de 12.000 galones transportaban petróleo venezolano desde Maracaibo, Cabimas y La Raya, mezclándolo con crudo robado del oleoducto Caño Limón-Coveñas. Las empresas Gunvor Colombia S.A.S., Niman Commerce S.A.S., Aceicar Ltda., Australian Bunker Suppliers y Exportécnicas S.A.S. figuran en la investigación por dar apariencia de legalidad al contrabando.
Empresas bajo la lupa por el robo de petróleo
Gunvor Colombia, con activos por $9,150.000, y su jefe logístico Roger Gale Gutiérrez están implicados. Aunque su representante, Jaime Hoyos Juliao, no enfrenta cargos penales. Niman Commerce, liderada por Hernando Silva Bickenbach, es señalada como eje de la operación. Otros activos incautados incluyen un Porsche Cayenne de $62,607.00, y tres barcos en Cartagena.
El presidente Gustavo Petro publicó en X: “Esta investigación de la Dijín muestra uno de los mayores robos al estado colombiano. Se robaron cerca de 80 millones de dólares en petróleo y los delincuentes eran ‘gente de bien’ de los sectores más pudientes del país. Debe investigarse si el robo contó con apoyos al interior de Ecopetrol”.
Ecopetrol y su filial Cenit son víctimas, con pérdidas significativas. Entre 2013 y 2023, se retiraron 9.925 válvulas ilegales de sus ductos. Este caso marca un avance en la lucha contra el crimen transnacional en el sector energético, con procesos legales en curso.
