La tensión política entre el Puerto Principal y Carondelet ha escalado a un nuevo nivel de confrontación administrativa. Tras las recientes declaraciones del alcalde Aquiles Álvarez, en las que cuestionó duramente la gestión del presidente Daniel Noboa, el Municipio de Guayaquil ha denunciado una serie de represalias que afectarían los procesos de contratación pública de la ciudad. El coordinador legal municipal, César Poveda Valdivieso, calificó el accionar gubernamental como una respuesta política sin sustento jurídico.
Esta nueva disputa surge días después de que Aquiles Álvarez señalara un supuesto "desgobierno" en el país, lo que provocó una airada reacción de José Julio Neira, titular del Sercop y secretario de Integridad Pública. Neira, actuando como uno de los voceros más cercanos al Ejecutivo, arremetió contra la administración local, sugiriendo irregularidades que ahora el cabildo desmiente categóricamente, asegurando que se busca silenciar la voz del personero municipal mediante trabas burocráticas.
Cuestionamientos al rol de José Julio Neira
Durante una rueda de prensa emitida la tarde de este martes 2 de febrero, César Poveda Valdivieso fue enfático al referirse a la postura adoptada por el funcionario estatal José Julio Neira. Según el coordinador legal, Neira se habría sentido "aludido" de forma personal tras las críticas de Aquiles Álvarez, lo que habría desencadenado una actitud de servilismo hacia la Presidencia, dejando de lado la objetividad técnica que requiere su cargo en el Servicio Nacional de Contratación Pública.
Poveda describió la relación entre Neira y el primer mandatario con términos severos, señalando que la empatía del funcionario no tiene otra descripción que la de un "vasallo" frente a su "dueño". Para el Municipio, esta fidelidad política está interfiriendo en el cumplimiento de las funciones administrativas, transformando las instituciones de control en herramientas de persecución política contra la gestión de la ciudad de Guayaquil.
Denuncia de retaliaciones en contratación pública
El punto central de la denuncia municipal radica en la suspensión de procesos de contratación apenas un día después de las críticas emitidas por Aquiles Álvarez. Poveda aseguró que no existen nuevos informes técnicos ni actuaciones administrativas que justifiquen estas medidas. "Comienzan con la mutilación de nuestra capacidad comunicacional", afirmó el funcionario, sugiriendo que el Gobierno intenta bloquear la gestión local para mermar la imagen pública del alcalde frente a los ciudadanos guayaquileños.
El coordinador legal insistió en que el cabildo ha sido un observador fiel de la ley y los principios de transparencia. Sin embargo, denunció que desde el lado del Gobierno de Daniel Noboa no se está respetando el debido proceso ni la legitimidad. Para la administración de Aquiles Álvarez, estas acciones son arbitrarias y buscan entorpecer la ejecución de obras prioritarias para la urbe mediante la alteración de las reglas del juego.
Apertura al control y exigencia de respeto
Pese a las fricciones, el Municipio de Guayaquil manifestó que no se opone a la fiscalización de sus cuentas y procesos. César Poveda aclaró que Aquiles Álvarez y su equipo están dispuestos a que cualquier órgano de control realice las auditorías necesarias. El mensaje fue claro: la alcaldía no teme a la transparencia, pero rechaza que se utilicen las instituciones del Estado para realizar cambios en la normativa de forma antojadiza cada vez que existe una discrepancia política.
"Lo que no vamos a aceptar jamás es que las reglas del juego sean cambiadas cada vez que a ellos se les ocurre", sentenció Poveda, reafirmando la postura de Aquiles Álvarez. El funcionario destacó que la razonabilidad debe primar en la administración pública, especialmente cuando están en juego los recursos y proyectos de la ciudad. La alcaldía sostiene que se mantendrá firme en la defensa de su autonomía frente a lo que consideran una intromisión del Ejecutivo.
Contexto de una relación fracturada
La relación entre Aquiles Álvarez y el Gobierno ha sido turbulenta desde el inicio del mandato de Daniel Noboa. El cruce de palabras entre el alcalde y José Julio Neira es solo el último capítulo de una serie de polémicas que incluyen reclamos por asignaciones presupuestarias y seguridad. Neira, en intervenciones previas, había cuestionado la integridad de ciertos procesos municipales, lo que fue tomado por el burgomaestre como un ataque directo a su liderazgo y capacidad de gestión.
Este escenario de polarización política afecta la coordinación necesaria entre los distintos niveles de gobierno. Mientras Aquiles Álvarez mantiene su discurso de denuncia frente al "desgobierno", el Ejecutivo parece cerrar filas en torno a sus funcionarios de confianza. La ciudadanía observa con preocupación cómo este enfrentamiento podría retrasar servicios básicos o proyectos de infraestructura vitales para el desarrollo económico y social de la Perla del Pacífico.
Defensa de la gestión municipal
César Poveda reiteró que el Municipio de Guayaquil actúa bajo principios de legalidad técnica. Aseguró que las declaraciones de Aquiles Álvarez fueron objetivas y reflejan el sentir de muchos sectores frente a la situación actual del país. El cabildo espera que los procesos de contratación se retomen sin sesgos políticos y que el Sercop actúe como un ente regulador neutral y no como un brazo ejecutor de retaliaciones políticas.
La administración de Aquiles Álvarez ha prometido mantener informada a la población sobre cualquier nuevo intento de bloqueo. Para el equipo jurídico municipal, es vital que se respete la institucionalidad y que el debate político no se traslade al campo de la operatividad administrativa. La pugna entre el alcalde y el presidente Daniel Noboa parece estar lejos de solucionarse, marcando un hito de tensión en la política nacional ecuatoriana.
