El Municipio de Guayaquil calificó como arbitraria la notificación de sanción administrativa que la Prefectura del Guayas emitió, exigiendo la revocatoria del registro ambiental para la obra en la Av. del Bombero. Esta decisión, anunciada el 28 de julio de 2025, se basa en un informe del Ministerio de Ambiente.
David Norero, Coordinador Legal del Municipio, expresó su indignación durante una rueda de prensa. "Este es un hecho que realmente nos debería asombrar a todos los ecuatorianos, porque no es posible que, con una resolución inmotivada, sin pericia ni pruebas de laboratorio, la prefectura suspenda esta obra ", afirmó.
Norero destacó que el informe, emitido el 23 de julio, no identifica daños ambientales verificables. Por ello, sostiene que la Prefectura del Guayas tiene la competencia para rechazar dicho informe. "El artículo 76 de la Constitución exige que los pronunciamientos de las autoridades públicas sean motivados. Sin pruebas científicas la Prefecta podía desestimarlo", argumentó.
Iniciada en julio de 2024, la ejecución enfrentó suspensiones desde mediados de julio de 2025 tras la intervención del Ministerio de Ambiente. El registro ambiental, otorgado por la Prefectura el 16 de octubre de 2023 bajo la Resolución GADPG-SUIA-RA-2023-651, clasificó la obra como de bajo impacto, requiriendo solo este permiso.
Sin embargo, el Ministerio argumenta que su escala y tipología justifican una licencia ambiental por alto impacto en la Av. del Bombero. El Municipio rechaza esta reclasificación, asegurando que cumple con las normativas vigentes y que una misión técnica de la CAF, realizada el 21 de julio de 2025, no detectó irregularidades.
El Municipio anunció que presentará descargos dentro del plazo de 10 días establecido, del 28 de julio al 7 de agosto de 2025, y advirtió sobre posibles responsabilidades administrativas. "El artículo 11, numeral 9 de la Constitución, nos permite ejercer el derecho de repetición como Estado", concluyó Norero.
Esta respuesta busca proteger una obra que, según el director de Obras Públicas Carlos Vásquez, generará empleos y mejorará la seguridad vial en una zona congestionada. Desde el Municipio de Guayaquil se enfatizó que la falta de sustento jurídico agrava la situación. "Lamentablemente, se actúa de forma política.
Algunos apoyan la obra por sus beneficios viales, mientras otros, como el colectivo Acción Los Ceibos, interpusieron una acción de protección en julio de 2025, alegando violaciones a derechos constitucionales. La Prefectura, liderada por Marcela Aguiñaga, sostiene que actúa conforme a la normativa ambiental, pero el Municipio exige transparencia y pruebas concretas.