Guayaquil está en estado de alerta máxima. El gobernador del Guayas, Humberto Plaza, califica la explosión de un vehículo en el norte de la ciudad como "terrorismo puro y duro". La detonación ocurrió pasadas las 18:30 del martes 14 en la avenida Joaquín Orrantia, frente al Mall del Sol, una zona comercial bulliciosa. Las autoridades confirman un fallecido y al menos dos heridos graves, pero temen que el saldo mortal suba tras evaluaciones médicas.
Plaza llegó al sitio con rostro tenso y promete justicia implacable. "Daremos con estas personas, se las buscará debajo de las piedras", declara ante micrófonos y cámaras de varios medios de comunicación. Sus palabras resuenan en una ciudad ya agotada por la violencia organizada. La Policía Nacional despliega equipos especializados en la zona.
Buscan artefactos explosivos adicionales en vehículos sospechosos cerca de la intersección con la avenida Juan Tanca Marengo. Unidades del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y Criminalística revisan escombros esparcidos por la onda expansiva. Testigos describen un estallido ensordecedor que rompió vidrios de edificios aledaños y provocó pánico en el centro comercial. "Fue como un trueno que nos dejó helados", cuenta una vendedora en un local cercano. P
Por eso, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) cierra vías clave: Joaquín Orrantia con Juan Tanca Marengo y con las Américas. Conductores desvían rutas, pero el caos vial agrava la tensión colectiva.
El coronel Martín Cucalón, jefe del cuerpo de Bomberos, confirmó que el fallecido era un taxista. Los heridos, con quemaduras y fracturas, reciben atención en una casa de salud cercana. Inicialmente, reportes preliminares hablaban de tres vehículos en llamas y dos sospechosos abandonados. Sin embargo, peritos verifican ahora solo uno como foco principal del atentado.
"Evaluamos daños estructurales en fachadas y posibles víctimas ocultas", explica Cucalón en rueda de prensa improvisada. Mientras tanto, la Empresa Municipal de Seguridad (Segura EP) coordina desde su Centro de Coordinación 5GYE con la Policía Zonal 8. Estas acciones evitan un desastre mayor, pero subrayan la vulnerabilidad de espacios públicos.
Humberto Plaza, designado gobernador en julio de 2025, eleva la voz contra el crimen. " Esto no es coincidencia; encaja en ataques armados terroristas en Ecuador" , afirma durante su visita al perímetro acordonado. Recuerda incidentes recientes, como la desactivación de un coche bomba el 9 de octubre frente a la Penitenciaría del Litoral, a pocos kilómetros del Mall del Sol.
Ese suceso, sin víctimas gracias a la intervención oportuna, alerta sobre una escalada. Plaza, arquitecto urbanista de 58 años y exministro de Desarrollo Urbano, urge al Ejecutivo nacional por recursos extras . "A los responsables el Gobierno los buscará en sus madrigueras", añade. Sus palabras conectan con la frustración ciudadana acumulada.
La explosión genera reacciones inmediatas en redes sociales . Videos virales capturan el momento: un vehículo envuelto en llamas, personas huyendo y sirenas ululando. Usuarios como @Cupsfire_gye, de un colectivo de bomberos voluntarios, alertan en tiempo real sobre "destrozos en ventanales y tres vehículos afectados". El hashtag #ExplosiónGuayaquil acumula miles de menciones en horas.
Vecinos de Sauces y La Garzota, barrios aledaños, comparten testimonios de pánico. "Pensamos en un terremoto", escribe un residente en X. Sin embargo, expertos en seguridad descartan fallos técnicos; peritajes apuntan a dinamita o similar, típica de bandas criminales. Esta viralidad acelera la respuesta oficial, pero también siembra miedo.
El impacto económico golpea duro. El Mall del Sol, con 150 locales, cierra temporalmente sus accesos norte . Comerciantes estiman pérdidas de $50.000 en ventas diarias, según la Cámara de Comercio de Guayaquil. Vidrieras rotas y autos dañados en 200 metros a la redonda agravan el cuadro. Turistas cancelan visitas; un hotel aledaño evacúa 80 huéspedes.
En 2025, la provincia de Guayas registra 1.456 homicidios hasta septiembre, un 15% más que en 2024, según datos del Ministerio del Interior. Explosiones como esta suman al menos cinco en lo que va del año: tres en locales comerciales de Pascuales en abril, una en La Bahía en agosto y la desactivada en la cárcel. El alcalde Aquiles Alvarez, en tensión con Plaza por temas previos, ofrece colaboración. "Recabamos información; tememos sorpresas graves", tuitea.
No obstante, Alvarez critica al Gobierno central por dilaciones en seguridad. Esta dinámica política complica la unidad, aunque ambos coinciden en calificar el acto como terrorista. Así, el incidente expone fracturas institucionales. Autoridades planean una detonación controlada. Policía verifica dos vehículos abandonados cerca de la avenida Juan Tanca Marengo, posibles portadores de explosivos.
"Procederemos con máxima precaución para neutralizar amenazas", anuncia el mayor Wilson Granja, del GIR Zonal 8. Esta operación, programada para la madrugada del 15 de octubre, involucra robots desactivadores y drones de vigilancia. Mientras, el ECU-911 reporta 45 llamadas de emergencias relacionadas en la hora posterior al estallido. Civiles reciben indicaciones: evitar el área y reportar paquetes sospechosos.
La ATM, en coordinación con la Policía, implementa cierres totales en la calle Joaquín Orrantia y Av. Juan Tanca Marengo , así como en Joaquín Orrantia y Av. de las Américas, para permitir el acceso de equipos especializados. Agentes municipales gestionan el desvío de tráfico hacia rutas alternas como Av. Abel Romero Castillo y Av. Hermano Miguel, evitando congestiones mayores en una hora pico que afecta a miles de conductores diarios.
Expertos vinculan el suceso a narcotráfico. Bandas como Los Choneros o rivales usan explosivos para intimidar, según informes de la Policía. E n 2022, una bomba en Cristo del Consuelo dejó cinco muertos; hoy, el modus operandi repite. Plaza invoca el Código Orgánico Integral Penal: penas de hasta 13 años por terrorismo. Internacionalmente, la Embajada de EE.UU. emite alerta para sus ciudadanos en Guayaquil
