En Guayaquil, los radares de control de velocidad permanecerán inactivos hasta octubre de 2025, según confirmó la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM). La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) ordenó la suspensión de todos los dispositivos que no cumplan con los certificados de calibración y verificaciones metrológicas exigidos por el nuevo reglamento.
Esta medida responde a la Resolución 033-DIR-2024-ANT, emitida el 29 de octubre de 2024, y su reforma, la Resolución 010-DIR-2025-ANT, del 21 de febrero de 2025. Ambas normativas buscan garantizar que los radares operen con precisión y confiabilidad. Sin embargo, la inhabilitación ha generado controversia y un aumento en los accidentes de tránsito.
Desde el 4 de abril de 2025, cuando la ANT inhabilitó tres radares en las avenidas Pedro Menéndez, Narcisa de Jesús y Francisco de Orellana, Guayaquil ha visto un impacto en la seguridad vial. Según datos oficiales, entre el 4 y el 30 de abril, las muertes por accidentes se duplicaron, los heridos aumentaron un 9% y los siniestros crecieron un 7%.
Certificación externa
La ATM asegura que los dispositivos cumplen con el reglamento, pero la falta de certificación de los radares por entes externos ha paralizado su operación. Mientras tanto, el Municipio recalibra los equipos cada cuatro meses, como anunció el alcalde Aquiles Álvarez en entrevistas anteriores. Por otro lado, la ANT enfatiza que los radares deben cumplir un propósito preventivo, no recaudatorio.
La Resolución 010-DIR-2025-ANT establece que los dispositivos sin certificados quedarán fuera del listado oficial de operación, y las multas emitidas por estos pueden ser impugnadas. Esta normativa responde a quejas recurrentes en ciudades como Guayaquil, donde denunciaron “multas fantasmas” por fallos técnicos y mala calibración.
La ANT también advirtió que los organismos que emitan certificados falsos enfrentarán sanciones administrativas, civiles y penales. Esto busca reforzar la confianza en los dispositivos que estén habilitados no solo en Guayaquil, sino en las vías de todo el país.
Tensiones por clausura de radares de velocidad
Además, la tensión entre el Municipio y el Gobierno ha complicado la situación. El 5 de abril de 2025, el ministro de Obras Públicas, Roberto Luque, respaldó la normativa, destacando que los radares deben ser calibrados por entes externos, no por los fabricantes. Sin embargo, el alcalde Álvarez respondió acusando al Gobierno de usar la normativa para atacar políticamente al Municipio.
Según Álvarez, la suspensión de los radares forma parte de una reestructuración de la ATM, pero la ANT insiste en que la medida se tomó por incumplimiento técnico. Este cruce de declaraciones ha generado confusión entre los guayaquileños. Mientras tanto, la ausencia de radares ha disparado las cifras de siniestros viales.
Un informe de Teleamazonas, publicado el 22 de mayo de 2025, reveló que las muertes por exceso de velocidad se duplicaron desde la suspensión. La ATM ha intensificado operativos, pero sin multas automáticas, los conductores parecen menos cautelosos. Por ejemplo, en la Vía a la Costa, los accidentes han aumentado significativamente.
Sin radares de velocidad hasta octubre
La ATM asegura que trabaja en la certificación de nuevos radares, pero el proceso podría demorar hasta octubre debido a la complejidad de las verificaciones metrológicas, se anunció desde el Municipio de Guayaquil. En este contexto, el “Reglamento de Homologación, Operación y Control de los Dispositivos Electrónicos de Control de Velocidad” busca establecer parámetros técnicos estrictos.
La normativa exige que los radares sean evaluados por organismos acreditados por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE). Además, los certificados deben garantizar precisión en las mediciones, evitando multas injustas. La ANT subraya que estas medidas protegen a los ciudadanos y transportistas, pero los conductores temen que la demora en reactivar los radares agrave la inseguridad vial.
Por su parte, el Municipio de Guayaquil defiende la gestión de la ATM, asegurando que los 42 radares suspendidos cumplían con las normas antes de la inhabilitación. La ATM sostiene que la recalibración, ordenada por el alcalde, es un proceso rutinario que se realiza cada cuatro meses. Sin embargo, la falta de coordinación con la ANT ha generado un vacío en el control de velocidad.
