Carlos S., el guardia del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, que sustrajo diversos objetos de valor en la zona de transferencia de carga internacional, generó un gran perjuicio económico que asciende a miles de dólares y, pese a ello, actualmente está libre bajo medidas cautelares impuestas por la Fiscalía. La detención en flagrancia ocurrió tras una investigación que confirmó sus actividades ilícitas.

El caso se descubrió a inicios de julio del 2025, cuando cuatro importadores denunciaron que sus cargas electrónicas llegaron incompletas o con cajas perforadas. La empresa Tababela Cargo Center (TCC) solicitó la intervención de la Policía Nacional, que utilizó un sistema con cerca de 300 cámaras para rastrear las irregularidades hasta la madrugada del 20 de julio, cuando atraparon a Carlos S.

Modus operandi del guardia y descubrimiento policial

Las autoridades detectaron que el guardia mostraba comportamientos sospechosos durante la custodia de la mercadería. Según Bernardo Sevilla, gerente de TCC, los guardias deben cuidar la mercancía hasta que el personal de la empresa la traslade a las bodegas, pero Carlos S. manipulaba las cajas, se escondía dentro de los bultos y sustraía los equipos electrónicos.

Para robar, rompía los sellos y perforaba los empaques, luego cubría las mutilaciones con las mismas etiquetas y embalajes para no dejar evidencia. Usaba una mochila para ocultar los objetos y se refugiaba en los baños del aeropuerto para guardar lo robado.

Objetos recuperados y situación legal

Durante su detención, la Policía encontró en su poder seis laptops, una tablet, 38 celulares, 26 accesorios electrónicos y varias prendas. En su domicilio en Puembo, Quito, Ecuador, recuperaron más objetos robados. El daño económico total supera los miles de dólares. Bernardo Sevilla calificó el caso como excepcional y recomendó a los usuarios denunciar cualquier anomalía en sus cargas.

Aunque Carlos S. permaneció detenido inicialmente, quedó en libertad el 21 de julio con medidas cautelares como la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse semanalmente ante la Fiscalía. La instrucción fiscal durará 20 días y la audiencia se fijó para el 11 de agosto. Además, tiene prohibido vender o transferir sus bienes mientras dure el proceso.

La jueza responsable aseguró que la actuación de la Fiscalía sigue los principios legales y constitucionales, garantizando un proceso justo y respetuoso. (07)