El Gobierno de Daniel Noboa presentó el 27 de mayo de 2025 en la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública, que propone evaluar el desempeño de los 490.946 funcionarios públicos cada seis meses.

Evaluaciones semestrales de servidores públicos

La propuesta modifica el literal j del artículo 52 de la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep) para establecer evaluaciones semestrales en lugar de anuales. Estas evaluaciones se centrarían en indicadores de eficiencia, resultados institucionales y el servicio prestado tanto a usuarios internos como externos.

La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, explicó que este mecanismo busca aplicar evaluaciones que ya están contempladas en la Losep pero que nunca se han ejecutado desde su vigencia en 2010. “Es un requisito de permanencia en el cargo”, afirmó Núñez. Según la norma, estas pruebas debieron aplicarse incluso durante el periodo de prueba cuando los funcionarios ingresan o ascienden en el sistema.

Un cambio con alcance para servidores públicos

La Losep rige para toda la administración pública, incluyendo funciones del Estado, Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), organismos constitucionales y entidades creadas por ley. El Ministerio de Trabajo registra 490.946 funcionarios públicos activos hasta abril de 2025, quienes estarían sujetos a la reforma.

El proyecto también propone fortalecer el sistema de contratación pública, considerado por el Gobierno como un área “vulnerable a la ineficiencia, la opacidad y, en algunos casos, a la corrupción”. La intención, señalan desde el Ejecutivo, es promover una “cultura de innovación” y mejorar el valor del dinero en la gestión estatal.

Opiniones técnicas: luces y sombras

El abogado y Máster en Contratación Pública, Luis Alberto Andrade Polanco, reconoce elementos positivos en el proyecto, pero advierte sobre vacíos preocupantes. En su análisis, Andrade destaca que la propuesta no cumple con los requisitos para considerarse de urgencia económica, como fue presentada.

“El proyecto habla de reducir regímenes especiales, pero no lo hace en el articulado”, apunta. También cuestiona que se nombre como objetivo el “valor por dinero”, cuando a su juicio debería ser un principio rector en la contratación pública. Además, considera que no se incorporan otros principios clave como el de integridad o resultados.

Cuestionamientos sobre la contratación pública

Uno de los cambios más significativos es que el presidente nombraría al director del SERCOP, quien tendría rango de Ministro de Estado. Para Andrade, esto podría afectar la autonomía técnica de la institución. También se contempla que proveedores que denuncien corrupción puedan acceder a preferencias en procesos, lo que, si bien suena positivo, podría prestarse a denuncias falsas si no se regulan bien los mecanismos.

Otra propuesta es crear un sistema interconectado con datos de integridad, experiencia y confiabilidad de proveedores. Sin embargo, Andrade advierte que sin financiamiento adecuado ni fortalecimiento tecnológico del SOCE, su implementación será difícil.

Riesgos de concentración y pagos pendientes

La reforma también busca reducir los procesos en obras públicas, pero no se especifica un criterio de redistribución, lo que podría concentrar proyectos en pocos proveedores. Tampoco se incorporan preferencias por localidad, lo que perjudicaría a oferentes locales, asegura Luis Alberto Andrade.

El abogado también sugiere que se incorpore un mecanismo para que los proveedores puedan exigir pagos directos, además de certificaciones presupuestarias garantizadas hasta la liquidación de los contratos. Esto, dice, permitiría un entorno más justo y funcional para la contratación estatal.

El proyecto se encuentra en manos de la Asamblea Nacional, donde deberá ser debatido y aprobado.