A pesar de los constantes anuncios del Gobierno y las supuestas facilidades para atraer inversión, la realidad de empleo en Ecuador continúa siendo preocupante.

Las cifras oficiales no mienten: solo el 36 % de la población económicamente activa cuenta con un empleo pleno. Es decir, con jornadas laborales completas y un salario acorde a la remuneración básica unificada.

El restante 64 % se debate entre el subempleo o el desempleo, una realidad que refleja la profunda crisis estructural del país.

El problema no solo radica en la falta de inversión o en la desaceleración económica, sino también en un marco legal inflexible y obsoleto.

Las normativas laborales y tributarias vigentes en Ecuador parecen más orientadas a proteger formalidades que a fomentar un entorno de trabajo dinámico y adaptable a las nuevas realidades globales.

Esto no solo desmotiva a los potenciales empleadores, sino que también completa el ciclo de informalidad y precarización laboral y abre uno nuevo.

La generación de empleo es el primer dinamizador de la economía y un indicador real de desarrollo.

Es urgente que, más allá de los discursos oficiales y la expectativas, se realicen reformas profundas al sistema laboral, se revise el esquema tributario y se generen verdaderas políticas de fomento al empleo.

Editorial de El Diario: Publicado el 25 de octubre del 2024 en nuestra edición impresa