La Fiscalía General del Estado pidió a la jueza nacional Daniella Camacho que imponga prohibición de salida del país y presentaciones periódicas para Andrés Arauz, Esther Cuesta y Raúl González, todos vinculados al caso Ligados. La audiencia de vinculación inició este miércoles, en el marco de una investigación por presunta asociación ilícita.
Las medidas solicitadas por la Fiscalía en caso Ligados
Durante la audiencia, dirigida por la jueza Camacho, el fiscal Wilson Toainga solicitó varias medidas cautelares, entre ellas grilletes electrónicos, retención de cuentas bancarias y, como última opción, prisión preventiva en caso de incumplimiento.
La Fiscalía argumentó que los tres están relacionados con un esquema político que pretendía capturar instituciones públicas a través de designaciones estratégicas desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
¿Qué es el caso Ligados?
El caso Ligados implica a exconsejeros del CPCCS, conocidos como la «Liga Azul», quienes habrían orquestado de forma irregular la designación de Raúl González como superintendente de Bancos.
Según la Fiscalía, los implicados se comunicaban de manera confidencial a través de la aplicación Signal. Sin embargo, los investigadores accedieron a los chats mediante capturas de pantalla almacenadas en el celular de Augusto Verduga, otro consejero vinculado.
Las autoridades ya procesaron a Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y Nicole Bonifaz por este caso. Los acusan de actuar junto a líderes del correísmo para infiltrar personas afines en cargos estratégicos.
“El sistema acusa a dirigentes políticos por el simple hecho de ser políticos”, declaró Andrés Arauz en su defensa, al calificar el caso como “risible”. El excandidato presidencial sostiene que el proceso tiene motivaciones políticas.
Fueron apoyado por el correísmo
La llamada Liga Azul fue destituida por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) el 31 de enero de 2025. Eso tras hallarse evidencia de apoyo indebido del correísmo en su campaña. La sanción incluyó multas por más de $3.000 dólares y la pérdida de derechos políticos por cuatro años.
Ahora, con la investigación penal en curso, la Fiscalía alega que el objetivo era influir políticamente en las instituciones de control.
La jueza Camacho aún no ha decidido sobre las medidas definitivas. Los abogados defensores solicitaron que Arauz y Cuesta puedan cumplir con las presentaciones periódicas en las embajadas de Ecuador en México e Italia, respectivamente.
