La Procuraduría General de la República (PGR) de Brasil solicitó al Supremo Tribunal Federal (STF) la condena del expresidente Jair Bolsonaro como presunto líder de una organización criminal que intentó un golpe de Estado en enero de 2023, tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de 2022. El fiscal general, Paulo Gonet, acusó a Bolsonaro y a otros siete implicados de cinco delitos, incluyendo organización criminal armada, intento de golpe de Estado y daños al patrimonio público, en un caso que podría llevar al exmandatario a enfrentar más de 40 años de prisión.
El proceso, supervisado por el juez Alexandre de Moraes, se encuentra en su etapa final. La Fiscalía sostiene que Bolsonaro instrumentalizó recursos estatales para desestabilizar el traspaso de poder y promovió narrativas falsas sobre el sistema electoral. Además, alentó acciones para socavar las instituciones democráticas. Los cargos se basan en documentos, mensajes y archivos recopilados por el Ministerio Público, que señalan a Bolsonaro como el principal articulador de los eventos que culminaron en el asalto a edificios gubernamentales en Brasilia.
Contexto de la investigación
El 8 de enero de 2023, miles de seguidores de Bolsonaro irrumpieron en el Congreso Nacional, el Palacio del Planalto y el Supremo Tribunal Federal, alegando un supuesto fraude en las elecciones que dieron la victoria a Lula. Estos actos violentos, que dejaron daños significativos en sedes gubernamentales, son considerados por la Fiscalía como la culminación de un plan orquestado para impedir la asunción del nuevo gobierno. Además de Bolsonaro, están acusados exfuncionarios de su administración, como el exministro de Defensa Walter Braga Netto, el exministro de Justicia Anderson Torres y el exjefe de inteligencia Alexandre Ramagem, entre otros.
La investigación también destaca el rol del exayudante de Bolsonaro, Mauro Cid, quien colaboró con las autoridades, aunque, según la PGR, omitió información clave. A pesar de esto, se propuso una reducción parcial de su condena por su cooperación. Por su parte, Bolsonaro ha negado las acusaciones, calificándolas en la red social X como una “persecución flagrante” contra él y sus seguidores. Además, asegura que ue nunca atentó contra la democracia ni la Constitución.
Proceso judicial contra Bolsonaro
La Fiscalía presentó sus alegatos finales el 14 de julio de 2025, justo antes del plazo límite. En estos, se detalla cómo Bolsonaro y su círculo cercano habrían movilizado sectores de las Fuerzas Armadas y difundido desinformación para cuestionar la legitimidad del proceso electoral. Un informe previo del Ministerio Público ya había señalado al expresidente como responsable directo de los disturbios de enero de 2023. Ahora, la defensa de los acusados tendrá 15 días para presentar sus argumentos antes de que el juez De Moraes determine la fecha del juicio.
El caso ha generado controversia internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su apoyo a Bolsonaro, denunciando lo que calificó como una “caza de brujas” política.
Próximos Pasos
El Supremo Tribunal Federal evaluará las pruebas presentadas, que incluyen intercambios de mensajes y documentos, como un supuesto borrador golpista atribuido al exasesor Filipe Martins. Si el tribunal acepta la denuncia, el juicio marcará un hito en la historia judicial brasileña. Sería la primera vez que un expresidente enfrenta cargos por intentar un golpe de Estado.
