El Gobierno de Ecuador, junto al activista político Fernando Balda, anunció el 13 de julio de 2025 una recompensa de $101.000 para quien proporcione información veraz sobre el paradero del asambleísta Santiago Díaz Asque, acusado de violación a una menor, en Quito, Ecuador, con el objetivo de facilitar su captura por parte de las autoridades.
El ministro del Interior, John Reimberg, informó a través de su cuenta en la red social X que el Gobierno Nacional, mediante el Bloque de Seguridad, ofrece $100.000 a quien brinde datos verificables sobre el paradero de Santiago Díaz Asque, legislador de la Revolución Ciudadana (RC) hasta su expulsión el 8 de julio de 2025. La publicación garantiza “absoluta confidencialidad” y proporciona el número 1800-DELITO (335486) para recibir información.
A esta iniciativa se sumó el activista político Fernando Balda, quien el 9 de julio de 2025 anunció en X una contribución adicional de $1.000, financiada por un empresario anónimo, destinada al primer miembro de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas que logre capturar al legislador. Balda invitó a los interesados a contactarlo directamente para coordinar la entrega del monto.
Contexto de la acusación contra Santiago Díaz
Santiago Díaz Asque, quien asumió como asambleísta en mayo de 2025 tras la inhabilitación de Priscila Schettini, enfrenta una denuncia por presunta violación a una menor de 12 años, presentada el 7 de julio de 2025 en el sector de Iñaquito, Quito. La Fiscalía General del Estado ejecutó tres allanamientos en la capital el 9 de julio para recabar indicios, incluyendo documentos y dispositivos electrónicos, aunque no se reportaron detenciones.
La Revolución Ciudadana expulsó a Díaz Asque de sus filas el 8 de julio, tras hacerse pública la acusación. La coordinadora de la bancada, Viviana Veloz, calificó el hecho como “monstruoso” y reafirmó el compromiso del movimiento con las víctimas, exigiendo celeridad en la investigación judicial.
Polémica por proyecto de ley que presentó Santiago Díaz
Días antes de la denuncia, el 3 de julio de 2025, Díaz Asque presentó un proyecto de ley para reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP), proponiendo reducir la edad de consentimiento sexual de 18 a 14 años. La iniciativa, respaldada inicialmente por diez asambleístas de RC, generó rechazo en la Asamblea Nacional y la sociedad civil. Cuatro legisladores retiraron sus firmas tras la controversia, alegando que apoyaron el proyecto solo por su propuesta de aumentar penas por femicidio.
La Asamblea Nacional negó el 10 de julio una solicitud de licencia sin sueldo presentada por Díaz Asque, quien argumentó ser víctima de un “montaje judicial”. Desde entonces, su paradero es desconocido, y el legislador ha sido incluido en la lista de los “más buscados” del Gobierno.
Implicaciones legales
El delito de violación a menores de 14 años en Ecuador es sancionado con 19 a 22 años de prisión, según el Código Penal. Aunque Díaz Asque cuenta con fuero de Corte Nacional de Justicia, este no aplica a delitos no relacionados con sus funciones legislativas, permitiendo que la Fiscalía avance en la investigación sin autorización previa de la Asamblea.
El caso ha generado un debate público sobre la protección de menores y la responsabilidad de los legisladores. El presidente Daniel Noboa propuso el 11 de julio una reforma constitucional para incluir la castración química como castigo para violadores, en respuesta a este caso.
