El Frente de Guerra Occidental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un «paro armado» de tres días en el departamento del Chocó, que restringirá la movilidad en el río Baudó y sus afluentes desde la medianoche del 2 al 3 de mayo. La medida, según la guerrilla, responde a enfrentamientos con una estructura paramilitar señalada de operar el narcotráfico en la región. El paro busca evitar afectaciones a civiles, aunque históricamente estas acciones han generado temor y restricciones para la población local.
El ELN apuntó en un comunicado a un grupo paramilitar liderado por alias ‘Piernas Limpias’, compuesto por unos 400 efectivos, al que acusa de intentar consolidar una ruta de tráfico de drogas con presunta complicidad de las autoridades. La guerrilla asegura que el paro es una respuesta a estas dinámicas, que han intensificado las confrontaciones armadas en el territorio.
Impacto en la población del Chocó
El paro armado implica la prohibición total de movilidad en el río Baudó, una arteria clave para las comunidades ribereñas que dependen de este medio para el transporte, el comercio y el acceso a servicios básicos. Aunque el ELN afirmó que la medida busca proteger a los civiles, organizaciones locales y autoridades han advertido sobre los riesgos para la población, que podría quedar aislada o expuesta a represalias.
En el pasado, los paros armados del ELN han generado desabastecimiento, interrupciones en la educación y limitaciones al acceso a la salud en zonas rurales. Según datos de la Defensoría del Pueblo, en 2024, al menos 10.000 personas en Chocó fueron afectadas por restricciones similares impuestas por grupos armados.
Contexto del conflicto en la región
El Chocó, uno de los departamentos más biodiversos y estratégicos de Colombia, ha sido escenario de disputas entre grupos armados por el control de rutas de narcotráfico y minería ilegal. La presencia del ELN, disidencias de las FARC y estructuras paramilitares ha exacerbado la violencia en los últimos años, dejando a las comunidades indígenas y afrodescendientes en medio del fuego cruzado.
El anuncio del paro armado se produce en un momento de tensión en las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y el ELN. Aunque las partes han avanzado en diálogos, las acciones armadas de la guerrilla han generado críticas por su impacto en la población civil. El gobierno aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre esta nueva medida.
Reacciones y medidas de seguridad
Autoridades locales y la Fuerza Pública han incrementado la vigilancia en Chocó ante el anuncio del ELN. La Gobernación del departamento llamó a la calma y pidió a las comunidades acatar las restricciones para evitar incidentes. Organizaciones de derechos humanos, como la Fundación Paz y Reconciliación, instaron al ELN a suspender el paro y priorizar la protección de los derechos de los civiles.
El río Baudó, principal área afectada, es hogar de comunidades que enfrentan condiciones de pobreza extrema y escaso acceso a servicios estatales. Según el DANE, el 60% de la población de Chocó vive en condiciones de pobreza multidimensional, lo que agrava las consecuencias de estas medidas armadas.
Antecedentes de los paros armados
Los paros armados son una táctica recurrente del ELN para demostrar control territorial y presionar a sus adversarios. En 2023, un paro similar en el vecino departamento de Antioquia dejó a miles de personas confinadas y generó pérdidas económicas significativas. Estas acciones han sido ampliamente condenadas por organismos internacionales, que las consideran violaciones al derecho internacional humanitario.
La situación en Chocó permanece bajo monitoreo, mientras las comunidades esperan que el paro transcurra sin mayores afectaciones. Las autoridades han anunciado que reforzarán la presencia militar en la zona para garantizar la seguridad.
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