La Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el partido NuevasIdeas del presidente Nayib Bukele, aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, que obliga a organizaciones no gubernamentales (ONG) y medios de comunicación independientes a registrarse como “agentes extranjeros” y pagar un impuesto del 30% sobre donaciones internacionales.
Eso se da con el propósito declarado de proteger los intereses nacionales frente a influencias extranjeras.
Alcances de la nueva legislación
La ley, presentada por el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain, y promovida por el diputado Christian Guevara, recibió la aprobación en una sesión ‘exprés’ con dispensa de trámite, según fuentes legislativas. Solo los tres diputados de oposición presentes en la Asamblea, liderados por Claudia Ortiz del partido VAMOS, votaron en contra. Argumentaron que la norma es incompatible con la libertad de expresión y asociación. La legislación exige que las entidades que reciban fondos extranjeros se inscriban en un registro nacional, bajo supervisión del Gobierno de El Salvador. Además, que paguen un gravamen del 30% sobre cualquier donación internacional.
El presidente Nayib Bukele anunció la iniciativa tras una protesta campesina frente a su residencia el 12 de mayo pasado. Bukele afirmó que con este mecanismo buscan evitar que oenegés y medios de comunicación “desestabilicen” al país. La norma permite al Gobierno decidir qué organizaciones pueden operar, con exenciones a su criterio.
Impacto en ONG y medios de El Salvador
Se estima que la ley afectará a unas 8.000 oenegés y más de una docena de medios independientes, como El Faro, Revista Factum y Gato Encerrado, que dependen parcialmente de financiamiento internacional. Organismos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han comparado esta legislación de El Salvador con la aprobada en Nicaragua en 2020, que llevó al cierre de más de 5.200 oenegés y medios críticos.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) expresó su preocupación, indicando que la ley podría limitar la labor periodística. Además, que se enfrentarán a barreras para obtener acceso a la información pública. En 2021, Bukele intentó implementar una ley similar, pero la retiró tras presión internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos.
Reacciones y antecedentes
La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión instaron al Gobierno de El Salvador a no aprobar la ley. Argumentan que viola estándares internacionales de derechos humanos. Localmente, 18 organizaciones de derechos humanos condenaron la represión de la protesta que motivó la ley, donde 300 familias campesinas fueron dispersadas por la Policía Militar, un hecho sin precedentes desde los Acuerdos de Paz de 1992.
Bukele ha defendido la medida en redes sociales, asegurando que protege la soberanía nacional. Sin embargo, críticos señalan que fortalece el control estatal sobre voces disidentes en un contexto de estado de excepción vigente desde 2022, que ha limitado derechos constitucionales.
