El expresidente Rafael Correa afirmó que conoce la ubicación de Adolfo Macías, alias ‘Fito’, líder de Los Choneros. Señaló que estaría en Manta como parte de un supuesto acuerdo político con el Gobierno de Daniel Noboa.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, Correa escribió: “Ya sabemos lo que traman. Es la entrega de Fito”. Detalló que el plan incluiría vincular a Luisa González y a la Revolución Ciudadana (RC) con la banda. También, garantizar una cárcel especial en Ecuador sin extradición, proteger los bienes de la familia de Macías y eliminar a Los Lobos, rivales de Los Choneros.
La declaración de Rafael Correa surge mientras las autoridades ecuatorianas intensifican la búsqueda del manabita, fugado en enero de 2024 de la cárcel Regional de Guayaquil.
Rafael Correa anunció que se extraditará a alias ‘Fito’
Rafael Correa, líder de la Revolución Ciudadana, también prometió que, de ganar González la presidencia, “se extraditará a Fito”. La fuga de Macías de la cárcel Regional de Guayaquil desató una ola de violencia en esa ciudad el año pasado.
Las declaraciones del expresidente contrastan con los esfuerzos del Gobierno de Daniel Noboa, que elevó a un millón de dólares la recompensa por información sobre el paradero del cabecilla. El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó en Radio Democracia que la búsqueda avanza “bastante bien”, sugiriendo progresos en la investigación.
La recompensa, aumentada recientemente, busca acelerar la captura de ‘Fito’, considerado uno de los criminales más peligrosos del país. Los Choneros, bajo su liderazgo, se han vinculados a actividades de narcotráfico y extorsión. Su escape puso en evidencia las fallas del sistema penitenciario ecuatoriano.
Operaciones de recaptura
El supuesto acuerdo de Fito mencionado por Rafael Correa no ha sido respaldado por evidencia oficial. Las autoridades tampoco han respondido directamente a sus acusaciones.
El caso mantiene en vilo a Ecuador, donde la lucha contra el crimen organizado es un tema central. La posible presencia de Macías en Manta, de confirmarse, marcaría un giro en las operaciones para su recaptura, mientras el Gobierno refuerza su estrategia con incentivos económicos y presión policial.
