La Justicia peruana rechazó la petición de anular la prisión provisional del expresidente Pedro Castillo, mientras avanza su juicio por insurrección, en el marco del intento de golpe de Estado de diciembre de 2022, cuando intentó cerrar el Congreso ante la imposibilidad de sacar adelante sus iniciativas.
Fallo en contra de Pedro Castillo
El juez del caso declaró infundadas las alegaciones presentadas por la defensa legal de Castillo sobre la vulneración al debido proceso tras poner en duda la labor de los fiscales que participan en el proceso, según la resolución que publica este jueves el diario ‘La República’.
“Los fiscales están legitimados constitucional y legalmente para participar en dichas audiencias; el argumento de la defensa no tiene sustento para el cese de la prisión preventiva“, zanjó el juez.
Castillo continuará por tanto recluido en la cárcel de Barbadillo, en Lima. Se trata del centro penitenciario en el que están, o han estado, otros expresidentes, como es el caso de Alejandro Toledo y de Ollanta Humala. Este último ingresó recientemente, tras ser condenado a quince años de prisión por delitos de corrupción.
Su gobierno y acusaciones
Pedro Castillo, nacido en 1969 en Cajamarca, fue presidente de Perú desde julio de 2021 hasta su destitución en diciembre de 2022. Maestro rural y líder sindical, alcanzó notoriedad durante una huelga docente en 2017. Representando a Perú Libre, ganó las elecciones de 2021 con un discurso de izquierda, prometiendo reformas para los sectores rurales y marginados, en un contexto de crisis económica y política agravada por la pandemia.
Su gobierno, sin embargo, estuvo marcado por inestabilidad, con cinco gabinetes y unos 80 ministros en 17 meses, además de conflictos con un Congreso opositor que intentó destituirlo en múltiples ocasiones. Castillo enfrentó graves acusaciones, incluyendo corrupción y liderar una presunta organización criminal para obtener beneficios ilícitos mediante contratos públicos.
La destitución de Pedro Castillo
En octubre de 2022, la Fiscalía lo denunció por delitos como organización criminal, tráfico de influencias y colusión. El 7 de diciembre de 2022, intentó disolver el Congreso y establecer un “gobierno de excepción”, acción calificada como golpe de Estado. Esto provocó su destitución por el Congreso, que lo acusó de “incapacidad moral”, y su detención por rebelión y conspiración.
Actualmente, enfrenta prisión preventiva por 18 meses por el autogolpe y 36 meses por corrupción, con la Fiscalía solicitando 34 años de cárcel. Castillo niega las acusaciones, alegando ser víctima de persecución política. Su gestión profundizó la polarización y crisis institucional en Perú, dejando un legado de controversia.
