El secretario de Estado, Marco Rubio, comunicó las restricciones de visado en un comunicado oficial. Las medidas responden a la deriva antidemocrática del gobierno de Daniel Ortega.
Estas restricciones se enmarcan en la Proclamación Presidencial 10309, emitida en 2021.
La proclamación suspende la entrada a Estados Unidos, como inmigrantes o no inmigrantes, de funcionarios nicaragüenses. También afecta a personas que implementen políticas contra las instituciones democráticas.
Con esta medida, más de 2.000 funcionarios nicaragüenses enfrentan prohibiciones de ingreso a Estados Unidos.
Rubio enfatizó que el país no tolerará los ataques del régimen contra Nicaragua. Las sanciones buscan presionar al gobierno de Ortega y Rosario Murillo.
Contexto de las protestas de 2018
Las tensiones entre Estados Unidos y Nicaragua se intensificaron tras las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos.
Las manifestaciones, reprimidas brutalmente, exigían reformas democráticas y el fin del autoritarismo. Desde entonces, el gobierno de Ortega incrementó la represión.
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El régimen ejecutó detenciones arbitrarias y expulsiones forzadas. También privó de nacionalidad a opositores y canceló numerosas ONG. Universidades, centros de oposición durante las protestas, fueron clausuradas por el gobierno.
Rubio destacó el coraje de los manifestantes de 2018. Subrayó su deseo de una Nicaragua libre de tiranía. Las sanciones conmemoran los siete años de aquella represión.
Impacto de las restricciones de visado
Las restricciones de visado afectan a funcionarios de alto rango y sus colaboradores. Estados Unidos busca promover la rendición de cuentas del régimen. La medida refuerza sanciones previas contra el gobierno de Ortega.
El Departamento de Estado no detalló los nombres de los sancionados. Sin embargo, las restricciones abarcan a miembros de seguridad, justicia y educación. También incluyen a actores no gubernamentales que apoyen la represión.
Nicaragua enfrenta una crisis política desde 2018. La comunidad internacional ha condenado las acciones del gobierno. Estados Unidos reitera su compromiso con los derechos humanos en el país.
Reacciones y antecedentes
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Rubio afirmó que Ortega y Murillo no pueden seguir atacando a Nicaragua. Estados Unidos ha sancionado a más de 1.400 funcionarios desde 2021.
Las medidas buscan apoyar al pueblo nicaragüense y sus libertades fundamentales.
El gobierno de Nicaragua no ha emitido una respuesta oficial a las sanciones. En el pasado, Ortega calificó estas medidas como intervencionistas. La relación entre ambos países sigue tensa.
Organismos de derechos humanos reportan miles de exiliados desde 2018. La cancelación de ONG y universidades limita el espacio cívico. Las sanciones de Estados Unidos reflejan una postura firme contra estas acciones.
