Un tribunal penal de Guayaquil declaró fallida este miércoles 22 de octubre, la audiencia de juicio contra 17 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), acusados de la presunta desaparición forzada de cuatro menores -Josué Didier Arroyo Bustos (14 años), Ismael Arroyo Bustos (15 años), Nehemías Saúl Arboleda Portocarrero (15 años) y Steven Gerald Medina Lajones (11 años)- ocurrida el 8 de diciembre de 2024 en el sur de la ciudad.
La diligencia, iniciada a las 13h00 en la Unidad Judicial Albán Borja, se aplazó a pedido de la defensa y se reanudará el 5 de noviembre de 2025 a las 09:30, con una fecha límite para sentencia el 9 de noviembre.
La audiencia, desarrollada de forma virtual y pública con acceso a familiares, prensa y público, se instaló puntualmente en la mencionada unidad judicial, ubicada en el norte de Guayaquil. El tribunal definió inicialmente el orden de intervenciones: primero la acusación particular, seguida de las defensas de los procesados. Los testigos esperaban en una sala virtual. Sin embargo, antes de avanzar, un abogado defensor solicitó el diferimiento "por única vez", alegando su designación el 19 de octubre. Además de ausencia de oficina en Guayaquil, ya que reside en Quito. Tres juristas más se sumaron al pedido , requiriendo también claridad sobre la duración de la diligencia.
Tras 15 minutos de deliberación, el tribunal aceptó la solicitud , considerando la falta de oposición de la Fiscalía y la acusación particular. No obstante, enfatizó que este es el último aplazamiento, respaldando las observaciones de la Fiscalía sobre maniobras para extender el proceso. "No acogeremos más pedidos de diferimiento", declaró un juez durante la sesión. Además, rechazó previamente un intento inicial de diferimiento por cambio de defensa , recordando a los abogados su "profesionalismo". El tribunal, también aclaró que los juzgadores no responden por modificaciones de última hora.
Para salvaguardar la prisión preventiva de los 17 militares -16 como autores directos y uno como cómplice-, el tribunal suspendió los plazos procesales y computó los diferimientos previos. Esto evita la caducidad, que podría liberar a los procesados. El fiscal del caso y Abraham Aguirre , abogado del Comité de Derechos Humanos (CDH) que representa a las familias , expresaron preocupación. Debido a que indican, existe riesgo de que estas tácticas faciliten la expiración de la medida cautelar.
El caso Las Malvinas surgió en medio de la militarización de la seguridad pública en Ecuador , decretada por el presidente Daniel Noboa mediante el Ejecutivo 111 del 9 de enero de 2024, que declaró "conflic to armado interno" contra el crimen organizado. Esta política impulsó operativos conjuntos de Fuerzas Armadas y Policía, pero ha generado denuncias de abusos, según datos oficiales.
Los hechos ocurrieron la noche del 8 de diciembre de 2024, cuando los menores regresaban de un partido de fútbol en la avenida 25 de Julio y Ernesto Albán. Videos de cámaras de vigilancia captaron a dos patrullas militares deteniéndolos irregularmente; los subieron a vehículos oficiales, golpeándolos en algunos casos. Fueron trasladados a Taura, parroquia rural en Naranjal a 37 km de Guayaq uil, cerca de una base de la FAE, donde se les vio con vida por última vez.
Sus restos calcinados aparecieron el 24 de diciembre en un manglar local, confirmando su muerte tras tortura, según peritajes telefónicos y testimonios presentados por la Fiscalía. La audiencia preparatoria se realizó el pasado 7 de octubre de 2025.
