El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) admitió a trámite una denuncia presentada por Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE). Esto fue contra Leonidas Iza, Zenaida Yasacama y Patricia Lalvay, dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) , por una presunta infracción electoral. La acción, interpuesta el 17 de octubre, señala que la organización no presentó las cuentas de campaña de la consulta popular de 2023. Esta consulta fue sobre el bloque petrolero 43 (ITT). La audiencia oral de prueba y alegatos está programada para el 13 de noviembre en Quito.
La denuncia acusa a Iza, entonces representante legal de Conaie, Yasacama, responsable del manejo económico, y Lalvay, jefa de campaña. Ellos de incumplir la obligación de reportar gastos y aportes durante la campaña por el “Sí” en la consulta del 20 de agosto de 2023. Esta consulta buscaba mantener el crudo del bloque ITT bajo el subsuelo. El juez Juan Patricio Maldonado otorgó cinco días a los denunciados para presentar su contestación. También deben presentar pruebas de descargo, designar abogado defensor y señalar una dirección electrónica para notificaciones.
En la consulta de 2023, el 58,7% de los votantes apoyó la opción “Sí” . Esto era para suspender indefinidamente la explotación petrolera en el bloque 43, ubicado en el Parque Nacional Yasuní. Conaie, una de las principales impulsoras de la campaña, no habría entregado el informe financiero requerido por el artículo 281 del Código de la Democracia, que regula el financiamiento de campañas electorales. Este artículo establece sanciones como multas de hasta 70 salarios básicos (32.200 dólares en 2025) . Además, se sanciona con la suspensión de derechos políticos por hasta cuatro años.
La admisión de la denuncia ocurre a pocos días de una nueva consulta popular y referéndum . Esto intensifica el escrutinio sobre la transparencia en procesos electorales. La Conaie, una organización clave en la defensa de derechos indígenas y ambientales, enfrenta ahora un proceso que podría impactar su liderazgo. También podría afectar su participación política.
El TCE convocó a los denunciados a una audiencia única el 13 de noviembre a las 09h00 en su sede en Quito. Si no comparecen, el proceso continuará en rebeldía, con un defensor público asignado. El tribunal también solicitó a la Policía Nacional garantizar el orden público durante la diligencia. Esto anticipa posibles tensiones debido al peso político de Conaie y su historial de movilizaciones.
La denuncia se basa en la presunta omisión de las cuentas de campaña, . Este es un requisito obligatorio para todas las organizaciones participantes en procesos electorales, según el CNE. Los dirigentes deberán demostrar que cumplieron con la normativa o enfrentar posibles sanciones. Estas podrían limitar su participación en futuras elecciones.
El caso se desarrolla en un contexto de creciente vigilancia sobre el financiamiento político en Ecuador, tras escándalos como el caso Metástasis, que reveló nexos entre política y narcotráfico. La consulta del ITT marcó un hito al priorizar la conservación ambiental sobre la explotación petrolera. Sin embargo, la falta de transparencia en las campañas podría empañar su legado.
El proceso contra Iza, Yasacama y Lalvay podría sentar un precedente sobre la responsabilidad de organizaciones sociales en procesos electorales. Esto es especialmente en la rendición de cuentas. Mientras tanto, el CNE refuerza su compromiso con la fiscalización electoral, . El TCE deberá determinar si hubo dolo o negligencia en el incumplimiento.
