El Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes (SPAVT) cubre actualmente a más de 1.200 personas protegidas en todo el país. Según el informe de rendición de cuentas de la Fiscalía, correspondiente al periodo de enero a diciembre de 2024, este sistema se encarga de la seguridad de quienes participan en procesos penales. La protección a víctimas y testigos representa un pilar clave para garantizar justicia y resguardar la integridad física y psicológica de los involucrados.
Este sistema, creado en la Constitución de la República, funciona bajo la dirección de la Fiscalía General, aplicando enfoques de derechos humanos y principios de dignidad y no discriminación. Además, articula la colaboración entre entidades públicas y organizaciones civiles, lo que fortalece su capacidad de respuesta.
¿Qué funciones cumple el SPAVT?
El SPAVT protege a víctimas, testigos y otros participantes que enfrentan riesgos derivados de su participación en causas penales públicas. La cobertura incluye todas las etapas del proceso, desde la fase preprocesal hasta la etapa final. Este programa despliega un equipo interdisciplinario que incluye psicólogos, trabajadores sociales, expertos jurídicos y unidades policiales especializadas en protección.
Es así que la cobertura nacional se extiende a las 24 provincias del país, asegurando atención en todo el territorio. Al cierre de 2024, el reporte oficial indica que 1.225 personas siguen activamente protegidas. Este grupo se compone de 976 víctimas directas, 119 víctimas indirectas, 68 testigos y 62 otros participantes en procesos judiciales.
Datos clave sobre la protección y distribución territorial
Del total de participantes, 824 son mujeres protegidas y 401 hombres. Las provincias con mayor número de personas protegidas son Manabí (147), Guayas (137), Los Ríos (100), Pichincha (90) y El Oro (70). Esto refleja la concentración territorial del sistema y las zonas con mayor incidencia de delitos.
Entre los delitos con más personas en protección destacan la extorsión (241 protecciones), violación (208), abuso sexual (126), intimidación (168) y asesinato (70 personas). Otros delitos relevantes en el programa incluyen violencia psicológica contra mujeres, secuestro extorsivo y femicidio.
Atención y coordinación institucional permanente
Por otro lado, la Fiscalía General informó que el SPAVT ha brindado atención integral a 2.781 personas en todo Ecuador hasta 2024, facilitando su participación segura en diferentes fases del proceso penal. La colaboración interinstitucional constante ha permitido desarrollar proyectos que fortalecen la operatividad del sistema y aumentan la capacidad de respuesta frente a amenazas.
Asimismo, el trabajo conjunto entre sectores públicos y organizaciones sociales reafirma el compromiso del Ecuador con la protección a víctimas y la garantía de justicia efectiva.
