Juan Xavier Santos, abogado, analizó en Manavisión Plus la crisis de la Función Judicial en Ecuador, marcada por presuntas amenazas a jueces, presiones políticas, corrupción, falta de seguridad, vacantes sin cubrir y una Corte Nacional de Justicia incompleta. En esta entrevista, el jurista cuestiona el diseño institucional del Consejo de la Judicatura, el rol del Consejo de Participación Ciudadana, la actuación de la Corte Constitucional y advierte que, sin certeza jurídica, el país pierde competitividad para atraer inversión.

-¿La crisis de la Función Judicial es estructural o responde a una acumulación de fallas administrativas y malas decisiones?

Yo creo que existe un problema estructural, empezando por el diseño del sistema. No estoy de acuerdo con que exista el Consejo de la Judicatura como está concebido actualmente. Pero también hay una acumulación de fallas administrativas y muchísima corrupción que se ha ido enquistando con el tiempo. Es una combinación peligrosa.

-¿Por qué usted cuestiona la existencia del Consejo de la Judicatura?

Yo no estoy de acuerdo con el Consejo de la Judicatura porque permite que otros poderes del Estado, especialmente el Ejecutivo, se inmiscuyan en la Función Judicial a través del sistema de ternas. Eso debilita la independencia. Yo soy partidario de que sean los propios jueces de la Corte Nacional de Justicia quienes administren y sancionen, o que al menos se elimine cualquier terna proveniente de otras funciones del Estado.

-Pero con o sin Consejo de la Judicatura, cuando los gobiernos han querido inmiscuirse en la justicia, lo han hecho...

Sí, totalmente. En el Ecuador, cuando un gobierno ha querido meter mano en la justicia, ha encontrado el mecanismo y lo ha hecho. Lamentablemente, la transparencia en la Función Judicial no existe, y en todos los gobiernos hemos visto injerencia política, sin excepción.

-¿Qué acciones concretas debería tomar el país para avanzar hacia la independencia judicial?

Primero, yo creo que los jueces no pueden seguir ganando sueldos tan bajos. Un juez mal pagado es mucho más vulnerable. Si a un juez le pagan bien, no va a arriesgar su nombre ni su reputación por cinco mil dólares. En Ecuador, un juez gana alrededor de 3.000 dólares, lo cual es muy poco para la responsabilidad que tiene. Así se vuelve más vulnerable a presiones y ofertas ilegales. En países como Uruguay o Argentina, los jueces ganan mucho mejor y eso reduce los incentivos para la corrupción. Segundo, hay que reformar la Constitución para eliminar la participación del Ejecutivo en la designación de autoridades judiciales. Y tercero, yo eliminaría el Consejo de Participación Ciudadana, porque es el que termina concentrando el poder de designación.

-¿Qué pesa más en la desconfianza ciudadana hacia la justicia?

Para mí  la injerencia política, la corrupción y la penetración del narcotráfico en todas las instituciones del Estado. El problema es que, cuando los casos llegan a la Función Judicial, muchas veces se topan con jueces corruptos o presionados.

-¿Cómo interpreta la falta de renovación de jueces en la Corte Nacional de Justicia?

Yo lo veo como una lucha por cuotas de poder. Hay intereses claros para decidir qué jueces entran y cuáles no, sobre todo porque se están conociendo casos muy sensibles, especialmente relacionados con narcotráfico. La verdad es que ha sido una vergüenza, y creo que la razón, incluso porque la razón por la que el presidente de la Corte Nacional, el expresidente, renunció fue básicamente, pienso yo, por la presión que se le puso por parte de sus colegas y amigos en redes sociales.

-¿Las sentencias de una Corte incompleta pueden ser cuestionadas a nacional o internacional?

Sí, pueden ser cuestionadas ante el sistema interamericano. No es que se anulen de inmediato, pero sí podrían llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y eventualmente a la Corte. Eso sí, estos procesos toman décadas.

-¿Qué rol ha jugado la Corte Constitucional en esta crisis?

Yo soy muy crítico de la Corte Constitucional. No me simpatiza la mayoría de sus jueces. Nuestra Constitución está mal redactada y permite interpretaciones forzadas. Yo pienso que la Corte Constitucional debería eliminarse y volver a un Tribunal Constitucional como existía antes. Podemos decir que hoy los jueces tiene más peso que el propio presidente de la República, sin ser un órgano democrático.

-¿Qué lectura hace del caso de Mario Godoy?

Yo no estoy de acuerdo con que una persona que ha defendido a narcotraficantes sea presidente del Consejo de la Judicatura, cuando esos mismos casos llegan a jueces que él puede sancionar. No quiero acusar directamente, pero sí creo que hay conflictos de interés y cosas muy raras que están ocurriendo en procesos sensibles.

-¿Ve posibilidades de cambio en el corto o mediano plazo?

La verdad, no. Trato de ser optimista, pero no lo veo. Los ecuatorianos ya votaron no por una reforma constitucional. No creo que se avizore un cambio real en el corto plazo.

-¿Cómo interpreta la renuncia de José Suing y Emma Tapia a la Corte Nacional de Justicia?

A mí me pareció genial. Creo que hubo mucha presión social y profesional. A mi juicio, esa presión social y profesional fue determinante, al menos en el caso del presidente de la Corte Nacional de Justicia, y me pareció muy acertada su decisión. Pienso que quienes ejercieron esa presión son abogados con alto prestigio profesional, cuyas opiniones tienen peso en el libre ejercicio. Creo que el magistrado entendió que no va a ser funcionario público toda su vida y que, en algún momento, deberá pasar al sector privado, por lo que optó por cuidar su nombre y su reputación, tomando en cuenta que quienes lo cuestionaban pertenecen a la "crème de la crème" de la abogacía ecuatoriana.

-¿Puede un país aspirar a desarrollo económico sin seguridad jurídica?

En primer lugar, la Constitución de Montecristi es un dolor de cabeza porque no se permiten tratados bilaterales de inversión y lo que permite la Constitución del Ecuador es el arbitraje internacional, pero tiene que ser latinoamericano. ¿Qué quiere un inversionista? que se lleve esto a un centro de arbitraje internacional, no a un lugar latinoamericano. Entonces va a ser imposible realmente. Las verdaderas inversiones van a irse a Colombia y Perú. Ecuador no es un país donde nadie quiere invertir. Si yo fuera un árabe o fuera un multimillonario y me dicen "puedes invertir en Ecuador, hay poco mercado", pero además no hay tratados bilaterales de inversión por la Constitución de 2008, entonces digo: ¿sabes qué?, voy a meter mi inversión y luego voy a tener que someterme a un arbitraje latinoamericano en Panamá o a la justicia ecuatoriana. No, no señores. ¿Sabes qué? Me voy a Perú, tiene más población, o invierto en Colombia, que tiene 53 millones de personas y es un mercado mucho más interesante. Ecuador no vale la pena para invertir como está en la Constitución; yo no lo haría, es un suicidio realmente. Para un extranjero, Ecuador no es para nada atractivo.