La Sala Especializada de Anticorrupción de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha reinstaló este martes 21 de octubre, a las 14:00, la audiencia de apelación contra la prisión preventiva impuesta a once procesados indígenas del pueblo kichwa Otavalo, imputados por el presunto delito de terrorismo durante el ataque al Comando Policial de Otavalo, en la provincia de Imbabura.
El incidente ocurrió el 22 de septiembre, primer día del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) contra la eliminación del subsidio al diésel. Diez de los doce detenidos fueron trasladados por vía aérea desde la cárcel de Ibarra a Quito para la diligencia, realizada en el Complejo Judicial Norte.
La reinstalación responde a la suspensión del 17 de octubre, cuando lo s jueces Esteban Coronel, Anabel Tapia y Fernando Sánchez postergaron la audiencia para priorizar un diálogo intercultural, dada la identidad indígena de once de los apelantes –uno es extranjero, Luis Henry J. E.–. Esta medida busca incorporar perspectivas culturales en el proceso judicial, alineada con principios de derechos humanos para pueblos originarios.
El paro nacional, surgió como respuesta a la eliminación del subsidio al diésel decretada el 12 de septiembre por el Gobierno de Daniel Noboa, medida que elevó los precios de combustibles y generó protestas en varias provincias. La Conaie, amplió sus demandas a la reducción del IVA del 15% al 12% y la liberación de detenidos en manifestaciones. Imbabura, especialmente Otavalo que se convirtió en epicentro de las movilizaciones.
Ese día, alrededor de 1.000 manifestantes atacaron el Comando Policial de Otavalo con piedras, palos y bombas molotov, incendiando diez vehículos policiales y particulares, y causando daños estructurales estimados en cientos de miles de dólares. Dos uniformados resultaron heridos, según informes oficiales de la Policía Nacional. La institución calificó los hechos como "acciones terroristas" que pusieron en riesgo la integridad pública
El 23 de septiembre, en la audiencia de calificación de flagrancia en Quito, se procesó a trece personas capturadas cerca del sitio. La jueza dictó prisión preventiva para doce de ellas por el riesgo de fuga y obstrucción a la justicia, mientras que a Gina Betel C. T. se le impuso presentación periódica. Los procesados indígenas incluyen a Alfredo P. C., William Andrés R. L., Washington Jeremy L. P., José Segundo A. Q., Luis Ernesto T. M., Diego Armando L. R., Juan Sebastián M. T., Elvis Damián L. M., Luis Enrique M. F., Luis Alberto C. B. y Berny Jonathan A. A. Dos de los detenidos iniciales eran extranjeros , uno vinculado presuntamente al Tren de Aragua, según el Ministerio del Interior.
Para el diálogo intercultural de hoy, la Sala solicitó al Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de la Libertad (SNAI) el traslado desde Ibarra –donde permanecían los detenidos – y al Ministerio de Salud Pública los informes médicos y psicológicos individualizados. Un académico de la Universidad Politécnica Salesiana facilitó la sesión, describiéndola como un espacio "sin jerarquía, de c omprensión mutua y confianz a para establecer acuerdos".
Luis Yépez, abogado de los detenidos, expuso que entre los pedidos figura la revocación de la prisión preventiva y la imposición de medidas alternativas , como la custodia de autoridades comunitarias indígenas.
