La Unidad Judicial Sur de Valdivia acoge este martes 7 de octubre , a partir de las 08:30, la reinstalación de la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio contra 17 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) acusados de desaparición forzada de cuatro menores de edad. El proceso judicial, impulsado por la Fiscalía General del Estado, se centra en los hechos ocurridos el 8 de diciembre de 2024 en el sector Las Malvinas, al sur de Guayaquil, donde Josué Didier Arroyo Bustos (14 años), Ismael Arroyo Bustos (15 años), Nehemías Saúl Arboleda Portocarrero (15 años) y Steven Gerald Medina Lajones (11 años) fueron detenidos irregularmente durante un operativo militar.

Antecedentes del caso Las Malvinas: De la detención a la confirmación de la tragedia

El caso surgió en un contexto de militarización de la seguridad pública en Ecuador, declarado en enero de 2024 mediante el Decreto Ejecutivo 111 del presidente Daniel Noboa , ante el aumento de la violencia ligada al crimen organizado. Los cuatro adolescentes, residentes en el barrio Las Malvinas de Guayaquil, fueron vistos por última vez tras un partido de fútbol cerca del Mall del Sur. Videos de cámaras de vigilancia y testimonios de familiares registraron su detención por dos patrullas de la FAE, sin parte militar ni orden judicial , lo que violó protocolos establecidos.

Horas después de la aprehensión, Ismael Arroyo llamó a su padre desde un teléfono prestado, reportando golpes, desnudez y abandono en la parroquia rural de Taura, en Naranjal (Guayas), a 37 kilómetros de Guayaquil. Sin embargo, los menores no regresaron. El 24 de diciembre de 2024, sus restos calcinados fueron hallados en un manglar cercano a una base militar de Taura. El hallazgo se registró con signos de tortura y violencia. Este hallazgo confirmó la muerte y elevó el caso a desaparición forzada.

Por lo tanto, la Fiscalía inició dos líneas paralelas de investigación. La principal, por desaparición forzada, vincula directamente a los 17 uniformados –16 de la patrulla inicial más un superior implicado–, quienes permanecen en prisión preventiva. Reconstrucciones de hechos, realizadas entre abril y mayo de 2025 en Guayaquil, Durán y Taura, revelaron omisiones como la ausencia de registros de detención y liberaciones sin autorización judicial. En abril de 2025, tres de los procesados admitieron ante la Fiscalía torturas a las víctimas. Incluso admitieron golpes a los menores documentados en un video grabado por uno de ellos.

Nueva versión de testigo cuestiona narrativa inicial y genera dudas procesales

En paralelo, avanza una indagación por secuestro con muerte, enfocada en posibles nexos con grupos criminales . El 9 de septiembre de 2025, en Quito, un testigo –quien en diciembre de 2024 había declarado en Guayaquil que presenció los hechos desde un bar en Taura– retractó su versión inicial. Según su testimonio, el 8 de diciembre de 2024 vio a los menores subir a una canoa con individuos desconocidos y, posteriormente, supo que alias "Momo" –presunto líder de una banda– ordenó su secuestro, asesinato e incineraci ón en el manglar.

En su declaración reciente, el testigo afirmó que, en diciembre de 2024, militares allanaron su vivienda, lo detuvieron y lo sometieron a presuntas torturas y amenazas para forzar esa narrativa inicial. "Desconocía los hechos y el personal militar le proporcionó los nombres y alias de los supuestos responsables. Coaccionándolo para dar esa versión en Guayaquil", detalla el comunicado oficial de la Fiscalía.

El CDH –que patrocina a las familias de las víctimas– ha denunciado la "extrema lentitud" de esta segunda investigación . En un escrito presentado recientemente, el Comité expresó preocupación por la dilación en esclarecer la muerte de los jóvenes. Además, exigió una línea integral que contemple tanto la participación de uniformados como de miembros de grupos delictivos. "La investigación avanza con extrema lentitud", señaló el CDH en su informe de junio de 2025. La organización destaca que el testigo supuestamente presenció los hechos desde un bar en Taura, pero su nueva versión apunta a coacción estatal.

Según datos de la Fiscalía, desde el gobierno de Noboa se registran 31 denuncias de desapariciones forzadas atribuibles a militares, duplicando las de periodos previos.