La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) reportó operaciones inusuales por USD 1.577 millones a la Fiscalía General del Estado durante 2025. Es decir, se triplicaron los montos registrados en años anteriores, según expuso su director encargado, José Julio Neira, en una entrevista en Radio Centro.

Esta cifra histórica, que no superaba los USD 600 millones anuales previamente, responde a fortalecimientos institucionales y cooperación internacional, en un contexto de prioridad gubernamental contra el lavado de activos.

Neira, quien asumió el encargo en mayo de 2024, atribuyó el incremento en reportes a mejoras técnicas y depuración interna de la UAFE, que incluyó la condena de personal involucrado en ilícitos. La institución recibió apoyo de Estados Unidos, Italia y organismos multilaterales para asesoría y capacitación. En 2025, los montos reportados superaron los USD 556 millones de 2024, USD 693 millones de 2023, USD 585 millones de 2022 y USD 359 millones de 2021, marcando un avance en la detección de transacciones irregulares.

Fortalecimiento institucional y resultados récord

En relación con alias 'Marino', cuyo nombre real era Stalin Rolando Olivero Vargas, Neira aclaró que el contrato de su empresa Vigilancia y Protección Máxima Vigpromax Cía. Ltda. con la empresa pública Hidroplayas E.P., por USD 90.665, se firmó en 2023. Es decir, antes de la administración del presidente Daniel Noboa.

Este vínculo estatal, descubierto tras el asesinato de 'Marino' en Isla Mocolí, no activó alertas en la UAFE porque depende de reportes de sujetos obligados como notarios y registradores de la propiedad. "Sin alertas, no hay detección", enfatizó Neira. Además, señaló que estos actores independientes deben reportar operaciones sospechosas, incluyendo fuentes de financiamiento para inmuebles y vehículos de alta gama.

Alias 'Marino', líder de la banda Los Lagartos, figuraba como accionista en cinco empresas dedicadas a seguridad, importación, exportación, venta de cacao y productos marinos. Tras su muerte, allanamientos en Samborondón y Guayaquil revelaron irregularidades, como 201 armas decomisadas en una firma de seguridad el 14 de enero de 2026, con cinco detenciones. La UAFE, parte del Sistema Nacional de Inteligencia, no recibió notificaciones sobre sus bienes de lujo, lo que resalta desafíos en la red antilavado.

Nueva Ley y mecanismos de congelamiento de fondos

La nueva Ley de Lavado de Activos, vigente desde julio de 2025, amplió atribuciones de la UAFE. Esto, para investigar, sancionar y congelar fondos administrativamente ante sospechas fundadas. Estos recursos se inmovilizan en cuentas del Banco Central hasta resoluciones judiciales, potencialmente derivando en extinción de dominio. Neira mencionó que las cifras recuperadas en 2025 corresponden a multas administrativas por incumplimientos, no a incautaciones judiciales.

El director describió las etapas del lavado de activos: colocación, estratificación e integración. Enfatizó la responsabilidad compartida con bancos, cooperativas, superintendencias, SRI, Aduanas y Sercop. El número de entidades obligadas a reportar creció de 53 en 2018 a más de 20.000 en 2025, con planes para incluir proveedores de sectores estratégicos en el primer trimestre de 2026. La metodología sigue estándares de Gafilat y el Banco Mundial.

Estudios de riesgo y coordinación interinstitucional

Neira resaltó 17 estudios analíticos que mapean riesgos por provincia, tipologías de corrupción y zonas críticas como fronteras, puertos y áreas urbanas, sustentando la Evaluación Nacional de Riesgos. En contextos de operaciones armadas en Guayaquil y puertos, estos insumos orientan instituciones de seguridad.

Adicionalmente, la UAFE trasladó denuncias sobre financiamiento político vinculado a Pdvsa Ecuador a la Fiscalía vía la Secretaría de Integridad Pública, donde el gobierno actúa como acusador particular. Neira anticipó la consolidación de una política pública antilavado a través del Comité Nacional Conclaft, operativo desde enero de 2026 (24).