La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes recibió este lunes 21 de octubre de 2025 a César Córdova , defensor del Pueblo, y sus delegados en Imbabura , para fiscalizar las acciones del Gobierno Nacional frente al paro social que habría afectado a menores y sus familias.
Fiscalización y denuncias por uso de la fuerza
Durante la comparecencia, Córdova informó que la Defensoría del Pueblo remitió varios casos a la Fiscalía General del Estado donde se evidencian posibles excesos en el uso de la fuerza durante las protestas. Señaló que la institución mantiene presencia activa en territorio mediante labores de observación y acompañamiento .
El defensor destacó la confianza de las comunidades de Imbabura, Cotacachi, Cañar y Cotopaxi , que permitieron la entrega pacífica de policías y militares retenidos durante las manifestaciones. Además, reiteró la importancia de respetar los derechos ancestrales de los pueblos indígenas.
Para brindar contención, la Defensoría ha suscrito convenios con universidades como la Católica de Cuenca y la Universidad de Guayaquil para atender psicológicamente a las víctimas del conflicto social.
Capacitación y protocolos de actuación
Por su parte, Rodrigo Varela , secretario general misional de la Defensoría del Pueblo, enfatizó que la institución ha capacitado a la Policía Nacional en el uso progresivo y legítimo de la fuerza. Recordó que, mediante la Resolución 0024-2023 , se activó la Guía de Actuación en el Contexto de la Protesta Social , vigente desde el 16 de septiembre de 2025 a nivel nacional.
Esta guía busca monitorear permanentemente las manifestaciones, garantizar la observancia de derechos humanos y remitir casos de presunto uso excesivo de la fuerza a la Fiscalía, cumpliendo estándares internacionales. Varela indicó que la labor es preventiva y de acompañamiento para minimizar riesgos a los menores.
Observaciones de organismos de protección
Alba Jalón , directora del Mecanismo de Protección de Personas Desaparecidas y Reparación a Víctimas, reconoció la actuación prudente del Defensor del Pueblo . Sin embargo, señaló carencias en protocolos de protección , falta de equipos de contención emocional y subregistro de datos en comunidades de Imbabura , lo que impide evaluar necesidades reales.
“Los niños están expuestos a violencia, carecen de acceso a atención médica y alimentación adecuada, y participan en espacios de decisión sin ser escuchados”, enfatizó Jalón. Reiteró la necesidad de un enfoque integral de protección , priorizando la vida y el desarrollo humano de los menores.
Reacciones de la CONAIE y medidas inmediatas
Durante la sesión, Ercilia Castañeda , vicepresidenta de la CONAIE, denunció posibles delitos de lesa humanidad y solicitó a la Comisión fiscalizar estos actos. Por su parte, Washington Andrade , representante legal de la organización, indicó que los procesos de investigación suelen ser prolongados, por lo que han decidido iniciar indagaciones de manera inmediata.
La Comisión de Niñez concluyó que la protección de menores requiere acciones urgentes y coordinación entre Gobierno, instituciones y comunidades , asegurando que los derechos de los niños no se subordinan a conflictos sociales.
