El Proyecto de Ley Orgánica de Víctimas, propuesto por el legislador Blasco Luna, actualmente en debate en la Comisión de Garantías Constitucionales, recibió importantes observaciones del Consejo de la Judicatura (CJ) y la Procuraduría General del Estado el 15 de julio de 2025 . Las entidades buscan perfeccionar la normativa para garantizar la reparación integral y la tutela judicial efectiva de las víctimas en Ecuador.
El Consejo de la Judicatura (CJ) presentó varias observaciones al proyecto. Pilar Rassa , subdirectora nacional del CJ, enfatizó la importancia de una normativa que asegure la reparación integral a las víctimas . Sin embargo, señaló que la propuesta debe ajustarse a la realidad actual , poniendo énfasis en los derechos que asisten a las víctimas.
La delegada del CJ solicitó una definición clara de reparación integral , acorde con la Constitución de la República . Además, propuso la inclusión de un acápite sobre la repetición , mecanismo clave en el ámbito de los derechos humanos.
Sebastián Benítez , también del CJ, subrayó la necesidad de incorporar la "tutela judicial efectiva" y el principio de "debida diligencia" en el proyecto. Indicó que la propuesta no debe limitarse a la "tutela legal", sino que debe asegurar la protección real de los derechos.
Por su parte, Karina Barros , jefa Departamental Nacional de Derechos Humanos, destacó la ausencia de un enfoque de género en el proyecto. Afirmó que "las violaciones a los derechos humanos no son neutras" y que se debe considerar el principio pro persona , en línea con convenciones internacionales como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional .
La Procuraduría General del Estado también expuso su posición. Alfonso Fonseca , director subrogante de Derechos Humanos, manifestó el compromiso de la institución con la construcción colectiva de la normativa. Aseguró un enfoque preciso en sus aportes.
El abogado Álvarez León , de la misma entidad, planteó la necesidad de modificar la estructura del proyecto de ley . Sugirió incorporar un acápite específico sobre la institucionalidad para fortalecer la implementación de la ley. La iniciativa contempla tres títulos principales: disposiciones generales, derechos de las víctimas, y jurisdicción y competencia. Este proyecto busca llenar un vacío legal en Ecuador sobre la protección y reparación de víctimas .
