La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional retomó el análisis del proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP) en materia de tránsito, cuyo alcance trasciende el ámbito vial para impactar directamente en la estructura judicial y en la relación entre Estado y ciudadanía.

El objetivo del texto, en fase de construcción del informe para segundo debate, es recategorizar las contravenciones de tránsito. También busca fortalecer la seguridad vial preventiva y reducir la carga procesal en los juzgados del país. Sin embargo, la discusión ha derivado hacia el papel del derecho penal en la gestión de la movilidad y la responsabilidad del Estado frente a infracciones de peligro.

El asambleísta Juan Gonzaga recordó que las contravenciones tipificadas en el COIP tienen una naturaleza preventiva , no sancionatoria. Explicó que su propósito es evitar que una conducta llegue a generar daño, por lo que la intervención estatal debe ser proporcional y orientada a prevenir . En ese marco, propuso que los ciudadanos tengan un plazo de tres días para impugnar o corregir una sanción , antes de que esta quede firme. Plantea esto como una forma de agilizar los procedimientos y reducir la carga judicial.

Modificaciones en materia de tránsito

Esa visión plantea un cambio relevante en la gestión de las infracciones de tránsito. Pretende trasladar el eje de la respuesta estatal de la coerción a la prevención , sin debilitar la autoridad, pero exigiendo mayor rigor técnico y transparencia.

El legislador Blasco Luna respaldó esa orientación. Sin embargo, alertó sobre los vacíos legales que han permitido prácticas discrecionales en los controles viales. Sostuvo que los operativos deben sujetarse a criterios técnicos de planificación , sustentados en registros de accidentalidad, horarios y evidencias audiovisuales verificables. En su criterio, la ley debe sancionar con claridad a las autoridades y agentes que actúen fuera de estos parámetros.

La reforma al COIP, además, incorporaría disposiciones sobre el uso de equipos electrónicos y sistemas en línea para la verificación de documentos y la trazabilidad de los procedimientos. De aprobarse, las licencias de conducir y demás registros podrán comprobarse digitalmente. Aquello eliminaría la necesidad de portar documentos físicos y reducir los espacios para la coima o la manipulación.

Otros factores a modificar

Otro punto de discusión fue la pertinencia de revisar las facultades de los operadores de justicia en materia de contravenciones menores de tránsito, ante la saturación de los juzgados. Legisladores como Elizabeth Orellana plantearon que las sanciones por conducir en estado de embriaguez se enfoquen en multas, reducción de puntos y trabajo comunitario. Así, se reservaría la prisión para casos de reincidencia.

La propuesta introduce así una gradación más flexible y proporcional de las penas , coherente con el principio de mínima intervención penal. Según Orellana, esto permitiría que los jueces concentren su atención en delitos de mayor gravedad. Así, a su criterio, se promueve una justicia más ágil y cercana al ciudadano.

Otros asambleístas, como Milton Aguas y Samuel Célleri , insistieron en que la reforma al COIP no puede limitarse al cambio de sanciones, sino que debe garantizar responsabilidad institucional en la aplicación del sistema. Propusieron que los funcionarios públicos sean sancionados si no operan adecuadamente las plataformas informáticas o manipulan la información de los procesos.

Finalmente, la presidenta de la comisión, Lucía Pozo , recordó que el texto sigue recibiendo aportes técnicos y jurídicos de diversas entidades estatales y de la sociedad civil. Destacó que el debate sobre las contravenciones de tránsito es también un debate sobre el alcance del derecho penal y la eficacia de la justicia ecuatoriana .