Durante la entrevista, Viviana Veloz sostuvo que la proforma 2026 “no es una herramienta de planificación real”, sino un documento sustentado en ingresos improbables, una subejecución crónica y un nivel de deuda que supera la capacidad del país. Aseguró que el Gobierno plantea “un presupuesto que no puede financiarse y que tampoco se ejecuta”, reflejando un patrón estructural que —según dijo— ya se evidencia desde 2025.
Viviana Veloz cuestionó además la interpretación oficialista de que lo no ejecutado en 2025 se sumaría automáticamente al presupuesto de 2026. “Eso es falso. Lo no ejecutado simplemente se perdió”, afirmó, y atribuyó la falta de ejecución a “ausencia de voluntad política” o a la inexistencia de recursos reales.
En su análisis, esta situación configura “la filosofía de la subejecución como verdadero ajuste fiscal”, con efectos directos en los sectores sociales.
Impacto en educación y salud: cifras preocupantes
La asambleísta detalló que en educación apenas se ejecutó el 51% del presupuesto previsto de USD 7.181 millones, equivalente a USD 3.683 millones. En salud, la ejecución llegó a “menos del 40%”: de USD 4.800 millones, solo se ejecutaron USD 1.900 millones.
Estos datos, según Veloz, evidencian una falta crónica de liquidez, paralización de servicios esenciales y un “modelo presupuestario que entrega al país al Fondo Monetario Internacional”.
Entre las consecuencias, señaló una caída del 13% en la inversión en educación para 2026, afectando a 19 universidades públicas, entre ellas:
Universidad de Guayaquil
Universidad Central del Ecuador
Politécnica Nacional
Universidad Técnica de Machala
Universidad Técnica de Manabí
Universidad Nacional de Loja
Universidad Estatal Amazónica
Universidad de Santo Domingo de los Tsáchilas
Universidad Técnica de Babahoyo
La reducción, explicó Viviana Veloz, tendría efectos como menos grupos académicos, recorte de docentes, deterioro de laboratorios, menor investigación científica y mayor desigualdad territorial, lo que —afirmó— viola el principio de progresividad de derechos.
Denuncias sobre fiscalización bloqueada en la Asamblea
Al ser consultada sobre eventuales juicios políticos por las bajas ejecuciones, Veloz aseguró que la Asamblea Nacional se ha convertido en “un apéndice más del Ejecutivo”. Según su versión, las solicitudes de fiscalización y enjuiciamiento político impulsadas por su bancada “son inadmitidas o archivadas”.
Indicó que han presentado pedidos relacionados con los sectores de salud, seguridad, ambiente y presuntos casos de corrupción, pero que el bloque oficialista habría obstaculizado los procesos. A pesar de ello, dijo que la RC mantiene una “vocería intensa” para denunciar públicamente los problemas estructurales.
Recordó que, durante el debate en la Comisión de Régimen Económico, su bancada advirtió que la proforma estaba “mal elaborada” y basada en datos ficticios, señalando como responsables a la ministra de Finanzas y al presidente de la República.
El impacto social del ajuste fiscal
Veloz afirmó que recortar educación, salud y obra pública, mientras se prioriza “el pago de la deuda externa”, agrava la crisis social. Señaló que estas decisiones incrementan la contracción económica, la pobreza, la extrema pobreza y la desigualdad.
Agregó que el ajuste fiscal “recae sobre los de siempre”, mientras los sectores de poder serían los grandes beneficiados. Según la asambleísta, la proforma revela un modelo que responde a una “plutocracia indiferente a las necesidades sociales”.
Para la legisladora, los sectores que debieron recibir mayor financiamiento son salud, educación y seguridad, considerados pilares del desarrollo social. Reiteró que el Gobierno “no puede recortar ni congelar” recursos en estas áreas.
Falta de transparencia y obras paralizadas
Veloz cuestionó también que el Gobierno no ha transparentado el destino de los tres puntos adicionales del IVA, cuyo incremento fue aprobado meses atrás. Aseguró que “ningún funcionario de nivel jerárquico superior” asistió a las sesiones de la Comisión para defender la proforma, lo que calificó como una “señal de opacidad”.
En cuanto a infraestructura, mencionó que la paralización de la obra pública afecta la generación de empleo y limita el desarrollo territorial. Mencionó carreteras inconclusas y tramos deteriorados como la vía a Las Sede de Los Bancos, en Santo Domingo, y rutas hacia provincias amazónicas como Sucumbíos.
Veloz subrayó que cada dólar no ejecutado se traduce en “menos empleo, menos crecimiento y menos bienestar”, recordando que la falta de insumos en hospitales públicos ha tenido consecuencias graves para familias de bajos recursos. Señaló un caso reciente ocurrido en Macas, que describió como ejemplo de la precariedad del sistema de salud, aunque sin ofrecer detalles adicionales.
Un llamado a revisar la proforma
La legisladora insistió en que la Asamblea debía observar y devolver la proforma al Ejecutivo para su corrección inmediata. Aseguró que el presupuesto “no es viable” y que el país necesita un documento realista, financiable y sostenible.
En su cierre, manifestó que los resultados electorales del 16 de noviembre, donde el Ejecutivo no obtuvo el respaldo esperado, reflejan el “descontento ciudadano frente a la falta de resultados y al deterioro de los servicios públicos”.
