El presidente de la República, Daniel Noboa, firmó el 16 de enero de 2026 el Decreto Ejecutivo 280, mediante el cual ordena el inicio del proceso de liquidación de la Empresa Pública Santa Bárbara EP, entidad estratégica dedicada a la fabricación de armamento, municiones y estructuras metálicas, proveedora principal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La medida busca extinguir la compañía pública y transferir sus activos, pasivos y derechos litigiosos al Ministerio de Defensa Nacional, con el objetivo de optimizar la gestión de recursos estatales en el sector defensa.
La Empresa Pública Santa Bárbara EP, alineada al Ministerio de Defensa, opera instalaciones en Sangolquí y se encarga de producir armamento, municiones y estructuras metálicas para uso militar, policial y civil autorizado. Sus principales clientes incluyen las instituciones de seguridad del Estado, empresas de vigilancia privada y personas naturales con permisos para tenencia de armas.
El Decreto Ejecutivo 280, suscrito el viernes 16 de enero de 2026 por el presidente Daniel Noboa, establece que el directorio de la empresa cuenta con un plazo de 30 días para designar una terna de candidatos al cargo de liquidador. Una vez designado, el liquidador dispondrá de 90 días adicionales para ejecutar y concluir el proceso de liquidación.
Durante este período, Santa Bárbara continuará operando de forma normal, pero queda prohibida la suscripción de nuevos contratos o convenios. El personal mantendrá sus funciones mientras dure la liquidación.
Transferencia de activos y administración posterior
Los activos y pasivos de la empresa, incluidos los derechos litigiosos, serán transferidos íntegramente al Ministerio de Defensa Nacional. Una vez concluida la transferencia, el Ministerio administrará y decidirá sobre los bienes recibidos, sin que estos se integren directamente a su patrimonio institucional.
El Ministerio de Defensa será responsable de cubrir los pasivos con los recursos generados por la administración de los activos transferidos, según las disposiciones del decreto.
Contexto de la empresa y su rol estratégico
Santa Bárbara EP forma parte de las empresas públicas bajo coordinación de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) hasta procesos previos de reestructuración. La entidad ha sido clave en el abastecimiento de municiones y equipamiento para las fuerzas del orden, en un contexto de incremento de la demanda de seguridad interna desde 2024.
El sitio web oficial de la empresa detalla su misión de fabricar productos alineados con las necesidades de defensa y seguridad nacional. Reportes periodísticos de años anteriores han señalado dificultades financieras, como retrasos en pagos de sueldos y liquidaciones pendientes a exempleados, aunque no se vinculan directamente al decreto actual.
Plazos y ejecución del proceso
El proceso de liquidación se ejecutará conforme a la normativa de empresas públicas y la Ley Orgánica de Empresas Públicas. El liquidador designado asumirá la representación legal de Santa Bárbara durante la fase de cierre, gestionando la cancelación de registros como el RUC, RUP y cuentas institucionales, se indica en el decreto emitido por Daniel Noboa.
Una vez finalizada la liquidación, el Ministerio de Defensa asumirá la gestión independiente de los bienes, garantizando la continuidad de funciones críticas relacionadas con la producción de armamento y municiones, si así lo determina.
La medida se enmarca en la política de eficiencia administrativa impulsada por el gobierno de Noboa, similar a procesos previos de ampliación o cierre de otras empresas públicas extinguidas desde 2020.
