En diálogo con Manavisión Plus, profundizamos en la tormenta política que rodea al actual presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. La reciente salida del país del juez anticorrupción Serrano ha puesto nuevamente bajo la lupa la gestión administrativa y la seguridad de los funcionarios judiciales. El Dr. Julio César Cueva, abogado penalista de amplia trayectoria, nos acompaña para desglosar si el juicio político es la única salida y por qué considera que la justicia en el país se ha convertido en una "mercancía".
-Abogado Cueva, el caso que involucra al presidente de la Judicatura, Mario Godoy, es de conocimiento público. Desde su visión técnica y política, ¿procede un juicio político o debería él dar un paso al costado y renunciar?
Yo creo que por un acto de consciencia y dignidad, el doctor Godoy debería renunciar, sin perjuicio de que la Asamblea inicie el proceso político porque una cosa no quita a la otra. La renuncia no evita el juicio político y, dentro de este, tiene que ser censurado. Eso permitiría un "saneamiento" para quienes voten a favor, ya que son los partidos que de una forma u otra pusieron los votos para nombrarlo. Los cuestionamientos desde antes de su designación fueron de tal magnitud que hoy cabe responsabilidad política incluso para quienes coadyuvaron a que esté en el puesto. Desgraciadamente, lo que vemos en la justicia es un reflejo de nuestra idiosincrasia: el ciudadano buscando al juez o al fiscal para "el trámite". Hoy ha explotado porque hablamos de grupos de delincuencia organizada que tienen a sus abogados en la institución más importante de la justicia.
-Respecto al juez Serrano, quien tuvo que abandonar el país tras recibir amenazas y ver reducido su esquema de seguridad, ¿qué responsabilidad recae sobre el presidente de la Judicatura? Se habla de informes que advertían un alto riesgo.
Es un claro incumplimiento de funciones. Si usted es el presidente de la Judicatura, lo menos que puede hacer es preocuparse porque sus funcionarios estén bien; usted es un ente administrativo. En el tema de seguridad, no cabe en ninguna cabeza razonable que un juez anticorrupción tenga que pasar por un informe de riesgo previo; el solo hecho de su cargo ya representa un nivel altísimo de peligro. No puede sentarse y decir: "Yo no hago el análisis de riesgo". Si no es capaz de hacerlo, busque con quién hablar, pero no salga a decir que como no le toca, no puede hacer nada. Usted parece ser muy útil para aquello que no tiene que hacer e inútil para lo que debe hacer. Por dignidad, lo menos que tiene que hacer es irse.
-Doctor, la imagen de la Judicatura está por los suelos. ¿Cómo queda el prestigio de este organismo tras estas denuncias?
¿Cuál imagen? Las instituciones lo que menos tienen es prestigio o institucionalidad; no podemos hablar de algo que no existe. Nadie cree en la justicia porque en el Ecuador no funciona; existe una "disfunción judicial". Y sucede por una ciudadanía permisiva. Esa gente está ahí porque nosotros no hemos hecho lo suficiente para que no estén. El ecuatoriano se acostumbró a la informalidad e ilegalidad; nos gusta el tramitador y saltarnos la fila. Una ciudadanía así no tiene capacidad para exigir mucho, a menos que se interese realmente, como ocurrió en el caso de los chicos de las Malvinas, donde la presión social no permitió que el tema se oculte.
-¿Esta responsabilidad por la falta de seguridad de los jueces se extiende al Ministro del Interior?
No necesariamente. El Ministro del Interior prácticamente vive en la calle, en operativos por todo el país. Existe el "principio de confianza"; él confía en que los funcionarios de carrera hacen su trabajo. La responsabilidad es del presidente de la Judicatura. Si Godoy hubiera llamado al Ministro para decirle que un juez anticorrupción está en riesgo, el Ministro lo habría atendido. Pero si el presidente de la Judicatura no hace nada, el Ministro no tiene por qué saberlo todo. Él se limita a reportar lo que le entregan.
-Doctor, usted menciona que para cambiar la justicia se requiere una reforma integral. ¿Cómo se vería esa estructura si realmente hubiera voluntad política?
Se requiere una mesa de reformas legales con delegados del Gobierno, la Legislatura, la Judicatura, la Fiscalía y universidades bien ranqueadas.
Debería plantearse una reforma que no pase necesariamente por una Constituyente: cambios al COIP, al COGEP, a la Ley de la Función Judicial y la implementación real del expediente electrónico. Pero, siendo honesto, no creo que quieran cambiar nada porque todo el mundo quiere ser el "gerente propietario" de la justicia. La justicia en este país es una mercancía tan valiosa como lo fueron las aduanas en los años 80.
-Hablemos del factor tiempo. La Asamblea fijó la comparecencia de Mario Godoy para el 5 de enero, dándole ocho días de plazo. ¿Qué lectura le deja este factor tiempo?
Le están dando tiempo para ver si el tema se "enfría" con la Navidad y el Año Nuevo. Pero hay algo más: Godoy ya mandó un mensaje diciendo que el país entrará en "shock" con lo que dirá. Les está diciendo a los asambleístas: "Aquí tengo la carpetita con los favores judiciales que me pidieron". Les recuerda la notaría que consiguieron para la novia o el puesto para la ahijada. Ese es el mensaje: "Ya saben cómo tienen que votar, no pregunten mucho el día que vaya a la Asamblea". Esos ocho días son para negociar con las "carpetitas".
-Finalmente, doctor, ante el escenario de violencia y toma de la justicia que vivimos, ¿qué le pide usted al Gobierno y a la Asamblea?
Si van a salvar a Godoy por sus compromisos, dejen de hablar de "guerra", porque esto no es una guerra, es una tragicomedia con pésimos actores. Dejen de culpar a jueces y fiscales de liberar delincuentes si ustedes mismos han puesto a los abogados de las organizaciones delictivas al control de la justicia. Y lo más importante: devuelvan los tres puntos del IVA, porque ese aumento era para financiar una guerra, no para mantener esta tragicomedia.
