Tras un mes de protestas, el país vuelve a la calma, pero no a la normalidad. Más de cien manifestantes enfrentan procesos penales por terrorismo y sabotaje, según denunció la asambleísta Mariana Yumbay, del movimiento Pachakutik, durante entrevista en Manavisión Plus.

Yumbay aseguró que el Gobierno ha optado por la represión y la criminalización de la protesta social, en lugar de atender las demandas históricas de las comunidades. Según su versión, el uso de la fuerza pública ha dejado fallecidos, heridos y centenares de judicializados, en un contexto donde el diálogo con el Ejecutivo, afirma, “no ha sido ni serio ni equitativo”.

Represión y procesos judiciales por terrorismo

Durante la conversación, la legisladora advirtió que la respuesta estatal ante las movilizaciones convocadas por la CONAIE tras la eliminación del subsidio al diésel, fue desproporcionada. Recalcó que, mientras las Fuerzas Armadas y la Policía actúan “con todo su armamento contra el pueblo”, los índices de violencia en las calles siguen en aumento. “Hay tres fallecidos, dos en Imbabura y uno en Loja. Jóvenes que se han quedado sin un ojo. Hay más de 100 compañeros y compañeras con procesos penales acusados de terrorismo, de sabotaje, entre otros”, argumentó Yumbay.

La asambleísta subrayó que estas cifras evidencian una política de represión institucionalizada, que castiga la resistencia social en vez de promover el diálogo.

Criminalización o justicia

“Las Fuerzas Armadas están equipadas, pero para masacrar al pueblo de a pie. Esa fuerza no la ponen en Guayas, Los Ríos, El Oro o Manabí, donde está la delincuencia”, dijo la legisladora.
Para ella, el uso del aparato militar debería centrarse en combatir el crimen organizado y no en dispersar protestas ciudadanas. Este desequilibrio, afirmó, socava la legitimidad del Gobierno y profundiza la brecha entre el poder político y la sociedad civil.

El discurso de Yumbay apunta a un patrón que, según la dirigencia indígena, se repite cada vez que hay movilización social: las protestas derivan en procesos judiciales contra dirigentes y manifestantes, pero los acuerdos firmados con los gobiernos nunca se cumplen.
La asambleísta insistió en que el Estado debe revisar los procesos abiertos y garantizar el derecho a la resistencia, reconocido en la Constitución.

Aunque el paro en Ecuador terminó, las consecuencias se mantienen vivas en los tribunales. Los más de cien procesados por terrorismo son, según Yumbay, el rostro judicial de un conflicto político no resuelto, en el que las demandas sociales siguen esperando respuesta.

UNORCAC rechaza el fin del paro

a Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC), afiliada a la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), rechazó este miércoles 22 de octubre de 2025 el anuncio del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Marlon Vargas, sobre el cierre del paro nacional iniciado el 22 de septiembre contra la eliminación del subsidio al diésel.

En una rueda de prensa en Cotacachi, la presidenta de la UNORCAC, Martha Tuquerres, confirmó que lascomunidades locales mantendrán la resistencia activa. Habrá una marcha programada para mañana, 23 de octubre, hacia Otavalo, para visibilizar desacuerdos con las políticas gubernamentales y exigir respeto a las movilizaciones pacíficas.

Con información de Ligia Mendoza y Luis García.