Este martes 21 de octubre, a las 14h00, el Tribunal Anticorrupción de Pichincha reinstalará la audiencia de apelación y diálogo intercultural. Así; se revisará; la prisión preventiva de once indígenas kichwas procesados por terrorismo. Esto es tras el ataque al Comando Policial de Otavalo, Imbabura, el primer día del paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) . La diligencia busca resolver la apelación de los detenidos. También busca cumplir con un proceso de diálogo intercultural, según lo dispuesto por los jueces.
El Tribunal, integrado por Lauro Fernando Sánchez (ponente), Esteban Israel Coronel y Mabel del Pilar Tapia, suspendió el pasado 17 de octubre la audiencia inicial. Se programó su reinstalación en ocho días. Los procesados, identificados como Alfredo P. C., William Andrés R. L., Washington Jeremy L. P., José Segundo A. Q., Luis Ernesto T. M., Diego Armando L. R., Juan Sebastián M. T., Elvis Damián L. M., Luis Enrique M. F., Luis Alberto C. B. y Berny Jonathan A. A., pertenecen al pueblo Kichwa Otavalo. Un extranjero, Luis Henry J. E., también está procesado en el caso.
El caso se remonta al 23 de septiembre de 2025, cuando se realizó la audiencia de calificación de flagrancia contra trece detenidos por el ataque al Comando Policial de Otavalo. Doce de ellos recibieron prisión preventiva, mientras que Gina Betel C. T. obtuvo una medida de presentación periódica. Los once indígenas apelaron la prisión preventiva, solicitando un diálogo intercultural. Esto busca garantizar que el proceso respete sus derechos culturales, conforme a la normativa vigente.
El Tribunal Anticorrupción ordenó la comparecencia presencial del fiscal Galiano Balcázar y las autoridades comunitarias presentes en la diligencia inicial. También pidió un facilitador intercultural designado y los procesados indígenas. Además, se solicitó al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) facilitar el traslado de los detenidos desde la cárcel de Ibarra. Allí fueron retornados tras estar inicialmente en centros de Portoviejo y Esmeraldas.
Para cumplir con el diálogo intercultural, el Tribunal requirió un informe médico y psicológico individualizado de los procesados, a cargo del SNAI y el Ministerio de Salud Pública. Este proceso busca garantizar que las particularidades culturales del pueblo Kichwa Otavalo sean consideradas. Esto es fundamental en la revisión de las medidas cautelares. La audiencia de apelación evaluará si la prisión preventiva es proporcional o si se pueden aplicar medidas alternativas.
El traslado inicial de los procesados a cárceles fuera de Imbabura generó controversias. Sin embargo, estas fueron resueltas parcialmente mediante órdenes judiciales, incluyendo un habeas corpus, que permitió su retorno a Ibarra. Este movimiento refleja la complejidad logística del caso y la atención a los derechos de los procesados indígenas.
El ataque al Comando Policial de Otavalo ocurrió en el contexto del paro convocado por la Conaie , que movilizó a comunidades indígenas en defensa de sus demandas sociales. El proceso judicial ha generado atención por su dimensión intercultural y las implicaciones de clasificar el caso como terrorismo. La reinstalación de la audiencia representa un paso clave. Así se determinará el futuro de los procesados y se garantizará un proceso que respete los derechos fundamentales y culturales.
