La jornada del lunes 19 de enero de 2026 estuvo marcada por una intervención judicial de alto impacto en el puerto principal. Catrina Tala confirmó que las instalaciones de su compañía de comunicación y publicidad fueron objeto de un registro liderado por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional. Esta acción se enmarca en una indagación por un supuesto delito financiero, aunque la comunicadora sostiene que se trata de una represalia política.

El origen de estas diligencias, según registros oficiales, responde a una investigación por presunto lavado de activos. No obstante, para Catrina Tala, este evento no es un hecho aislado, sino una respuesta directa a menciones previas realizadas en la Asamblea Nacional por funcionarios de alto rango. La comunicadora enfatizó que, pese al despliegue de las fuerzas del orden, las autoridades no retiraron evidencias ni equipos de las oficinas intervenidas.

Antecedentes políticos y señalamientos oficiales

La tensión entre la administración de justicia y la empresaria escaló el pasado 5 de enero. Durante una comparecencia legislativa, el titular de la Judicatura, Mario Godoy, vinculó a Catrina Tala y a Gabriela Panchana con una supuesta estrategia para gestionar información favorable a la alcaldía de Guayaquil. Tala sostiene que estas acusaciones son un "mensaje del poder" y cuestiona que se utilicen recursos estatales para señalar a actores privados.

En sus declaraciones, la periodista relacionó el hostigamiento con su denuncia pública en el caso Goldbaum, lo cual habría activado una vigilancia constante sobre sus actividades. Catrina Tala asegura que su empresa ha enfrentado una intervención estatal de más de un año por parte de la Superintendencia de Compañías. Durante este periodo, tres interventores distintos habrían ratificado que las finanzas corporativas se encuentran bajo el marco de la legalidad vigente.

Situación financiera y solvencia documental

La defensa de la comunicadora subraya que en octubre de 2025 se entregaron más de 15.000 fojas de documentación contable y tributaria a los entes pertinentes. Según Catrina Tala, en aquel momento, el fiscal a cargo dejó constancia escrita de la inexistencia de irregularidades vinculadas al flujo de capitales. Por ello, califica el reciente operativo como una medida de amedrentamiento que ignora los procesos administrativos previos ya concluidos.

Además, la empresaria cuestionó el rol del sistema judicial, señalando que el mismo magistrado que autorizó este último allanamiento permitió previamente la inmovilización de fondos bancarios. Esta medida se extendió por más de 70 días, superando el límite de ocho días que establece la normativa para la unidad de análisis. Para Catrina Tala, estas acciones demuestran un uso desproporcionado de la fuerza pública frente a una entidad que ha colaborado con la justicia.

Contrastes en la prioridad de la justicia penal

Tala lamentó que, mientras se destinan fiscales y agentes para investigar a su firma, otros problemas de seguridad ciudadana permanezcan desatendidos. Mencionó específicamente el incremento de la violencia en zonas como Durán y Guayaquil, donde la criminalidad organizada y los casos de corrupción requieren una intervención urgente. Según la postura de Catrina Tala, el enfoque de las autoridades está desviado de las verdaderas emergencias que afectan la paz social del país.

La comunicadora hizo un llamado a no guardar silencio frente a lo que considera un abuso de las instituciones del Estado. Comparó su situación con las presiones que sufren otros medios de comunicación, mencionando explícitamente el entorno de Diario Expreso. Para Catrina Tala, la transparencia de su gestión está respaldada por documentos, y advirtió que el silencio cómplice solo fortalece a quienes utilizan la justicia para castigar la libre expresión.