El presidente Daniel Noboa Azin presentó, en Quito, el Reglamento General a la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas , el 20 de noviembre, para mejorar la conservación del patrimonio ambiental bajo administración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y reforzar control, financiamiento y gobernanza.
Modernización normativa para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas
El Reglamento General entra en vigencia tras su publicación en Registro Oficial. La norma actualiza el marco operativo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y suma una reforma al Reglamento del Código Orgánico del Ambiente. El Decreto incorpora el artículo 149.1, que fija sanciones administrativas por infracciones dentro de áreas protegidas. Las sanciones las aplicará la autoridad competente en cada zona para asegurar respuestas más inmediatas.
La modernización busca fortalecer la conservación ambiental, ajustándose a estándares internacionales y a nuevas necesidades de control territorial. Además, el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) resalta que esta normativa promueve una gestión profesional y con mayor capacidad operativa en territorio.
También se reconoce el rol del sector público especializado como operador directo de protección ambiental, en concordancia con labores de guardaparques, seguimiento y control de amenazas.
Formación y condiciones del personal en territorio
El Reglamento General establece nuevos parámetros de formación y certificación para los guardaparques. La norma plantea procesos actualizados para capacitación, condiciones laborales y fortalecimiento institucional, enfocándose en mejorar la respuesta ante actividades no permitidas. Asimismo, estas acciones buscan profesionalizar el desempeño para garantizar una vigilancia constante y planificada.
El MAE resalta que el SNAP abarca más de 26 millones de hectáreas , lo que convierte esta normativa en una pieza estratégica. Por otra parte, el personal contará con herramientas mejoradas para el control de acceso, manejo de visitantes, monitoreo y administración sostenible de los recursos. Este enfoque permite impulsar políticas de conservación con soporte técnico actualizado y con más canales de coordinación en campo.
Además, también incluye disposiciones especiales para seguridad operativa, con protocolos diseñados para atención de incidentes y acciones preventivas. Estas medidas reducen riesgos y elevan la protección de ecosistemas sensibles.
Financiamiento estable y participación social
El nuevo Reglamento General autoriza la creación de un fideicomiso público. Este instrumento asegurará recursos permanentes para vigilancia, monitoreo de biodiversidad, manejo turístico responsable, participación comunitaria y fortalecimiento del SNAP. El mecanismo permitirá planificar acciones de largo plazo sin depender únicamente de presupuestos anuales del Estado.
Asimismo, el documento refuerza la participación activa de pueblos indígenas, comunidades locales y gobiernos autónomos descentralizados . Este modelo fomenta gobernanza compartida y corresponsable con espacios de diálogo entre Estado y actores comunitarios. También impulsa procesos sociales que refuerzan identidades territoriales y conservación sostenida del patrimonio natural.
El nuevo Reglamento General consolida un enfoque ambiental moderno y participativo. El Gobierno sostiene que este avance favorece políticas públicas sostenibles con impacto técnico, social y administrativo. Además, esta base normativa fortalece la integridad ecológica en áreas protegidas mediante mecanismos de control y sanción actualizados, monitoreo permanente y mayor capacidad de respuesta operativa.
Con ello, el país avanza hacia una gestión ambiental con estructura sólida, funcionamiento confiable y administración basada en estándares reconocidos.
