La Unión Nacional de Educadores (UNE) se pronunció sobre los resultados de la consulta popular realizada en el país, en la que el NO está imponiéndose provisionalmente en las cuatro preguntas sometidas a votación. La organización calificó este desenlace como un mensaje claro sobre el rumbo que la ciudadanía quiere para el país y pidió al Gobierno considerar estas señales.

El presidente de la UNE Nacional, Andrés Quishpe, afirmó que la consulta se desarrolló en un contexto complejo. Según expuso, el proceso estuvo marcado por tensiones políticas y un clima de polarización. Aun así, sostuvo que la participación ciudadana reflejó inquietudes relacionadas con temas laborales, sociales y de servicios públicos.

Quishpe señaló que, desde su perspectiva, las y los ecuatorianos expresaron preocupación por áreas como educación pública, salud, seguridad social y la situación en Galápagos. Mencionó que estos asuntos fueron parte del debate previo a la votación y que formaron parte del análisis realizado por distintos sectores sociales antes de acudir a las urnas.

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La UNE destacó la labor de quienes impulsaron la campaña por el No. La organización resaltó que ese esfuerzo incluyó actividades informativas y movilización social. Representantes del gremio afirmaron que estos espacios permitieron ampliar el debate y promover la participación ciudadana.

Uno de los pedidos centrales de la UNE tras la consulta es la reorientación de recursos. El gremio señaló que los fondos previstos para el proceso de la Constituyente, estimados en 200 millones de dólares, deberían dirigirse a los sistemas de educación y salud. La organización considera que estas áreas requieren atención urgente y reiteró la necesidad de declarar su situación en emergencia.

Otro llamado realizado por la organización estuvo dirigido a los sectores sociales. El gremio invitó a mantener espacios de organización y trabajo conjunto para abordar problemáticas que, según indicaron, afectan a amplios grupos de la población. Señalaron que estas acciones deben sostenerse mediante la participación y la articulación comunitaria.

La UNE cerró su pronunciamiento indicando que continuará observando las decisiones del Gobierno tras los resultados de la consulta. Además, reiteró su interés en que los recursos públicos se administren con prioridad en servicios esenciales y en políticas que fortalezcan derechos ciudadanos.