El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez , utilizó sus redes sociales para denunciar un supuesto intento de allanamiento contra sus abogados defensores. El funcionario señaló que la Fiscalía buscaría amedrentar a su equipo legal que lo representa en el polémico Caso Triple A. Esta situación se presenta a pocos días del inicio de la audiencia de juicio, que fue adelantada para el 24 de diciembre. Alvarez manifestó su posición de persecución política constante por parte del Gobierno central.
También , apuntó directamente a la fiscal de Pichincha, Ivonne Proaño, como la supuesta responsable de esta acción de amedrentamiento. El alcalde mencionó que la fiscal enfrenta múltiples cuestionamientos graves y que se pide su destitución por presuntas irregularidades. El Caso Triple A investiga un presunto comercio irregular de combustibles y un perjuicio millonario contra el Estado ecuatoriano. Además, el alcalde fue vinculado al proceso por su rol en una empresa familiar.
Desafío directo a la Fiscalía de Pichincha
Alvarez lanzó un fuerte desafío a la Fiscalía, diciendo que lo vinculen pronto al proceso por lavado de activos. Él se mostró ansioso por conocer la teoría de la Fiscalía y exigió que la prueben hasta la saciedad en la etapa de juicio. Además , el alcalde advirtió que cuando los funcionarios que están hoy ya no estén en el poder, la Fiscalía lo abandonará. Él instó a la autoridad judicial a no perder tiempo y a vincularlo pronto para continuar el proceso legal.
Alvarez manifestó estar desesperado porque se le vincule formalmente y se le lleve a juicio por las acusaciones presentadas. El alcalde insiste en que todo el proceso judicial y las acusaciones son producto de una persecución política en su contra. Por lo tanto , el ambiente se mantiene tenso entre la Alcaldía de Guayaquil y el Gobierno Nacional por este caso en particular. El juicio contra el alcalde y otras 15 personas se iniciará el próximo 24 de diciembre en Quito.
Contexto del Caso Triple A
La investigación del Caso Triple A se inició en julio de 2024, tras una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía. Dicha denuncia alertaba sobre la existencia de un presunto comercio irregular de gasolinas en el territorio nacional. Existían discrepancias notables entre el combustible despachado por el Estado y el volumen comercializado por las empresas investigadas. La Fiscalía estima que la presunta red de corrupción causó un perjuicio de 61,5 millones de dólares.
El perjuicio corresponde a 2,27 millones de galones de diésel y gasolina, según el cálculo de la entidad judicial. Alvarez fue vinculado al proceso por ser representante legal de la comercializadora de combustibles Copedesa , propiedad de su familia. A pesar de esto , el alcalde reitera que todas estas acciones tienen motivaciones políticas. La audiencia de juicio del 24 de diciembre es crucial para el desarrollo del proceso legal.
