El periodista español Lautaro Bernat fue deportado la noche del 5 de octubre tras su detención en la tarde del mismo día, mientras cubría manifestaciones contra el Gobierno en Quito, en el contexto del Paro Nacional 2025 convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). La acción, justificada por las autoridades como una medida de seguridad, ha sido denunciada por organizaciones no gubernamentales (ONG) por presuntas violaciones al debido proceso. Bernat, director del medio digital Pelofuego, documentaba protestas en provincias como Imbabura desde el inicio de las movilizaciones el 22 de septiembre, motivadas principalmente por la eliminación del subsidio al diésel mediante el Decreto Ejecutivo N.° 126.
La deportación se basa en un informe reservado que califica al reportero como una amenaza a la seguridad nacional, según la vocera presidencial Carolina Jaramillo. Este lunes 6 de octubre en el Palacio de Gobierno, Jaramillo enfatizó: “Hay un informe que respalda esta acción de parte del Gobierno. Ningún ciudadano puede permanecer en el país cuando representa una amenaza para la seguridad”. La funcionaria precisó que la medida se ampara en el artículo 143, numeral 7, de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que permite la expulsión de extranjeros en casos de riesgo para el orden público.
Irregularidades denunciadas en el proceso de detención
La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) alertó sobre el caso, afirmando que la detención y deportación de Bernat “está plagada de irregularidades y violaciones al debido proceso”.
Según el comunicado de la ONG, al momento de su aprehensión en una manifestación en el centro de Quito, no se le informaron las causas específicas de la detención. Además, se le negó el contacto con representantes de la embajada de España y no se garantizó una defensa jurídica adecuada, lo que contraviene estándares internacionales de derechos humanos. Inredh, con sede en Quito y enfocada en la protección de periodistas y activistas, ha documentado al menos 15 agresiones contra reporteros durante las protestas de este año, incluyendo el uso de gases lacrimógenos en Cobertura de eventos en Imbabura.
Fundamedios, rechazó la deportación en un pronunciamiento público. “Esta decisión constituye un grave atentado contra la libertad de prensa, el derecho a informar y el principio democrático de transparencia. Criminalizar y expulsar a un periodista por su trabajo coloca a Ecuador en una peligrosa ruta de censura y autoritarismo“, señaló la entidad en su cuenta de X.
Paro Nacional y labor de Bernat en las protestas
El Paro Nacional 2025, que entró en su decimoquinto día este 6 de octubre, surgió como respuesta a la eliminación del subsidio al diésel, medida impulsada por el Gobierno de Daniel Noboa para ajustar el gasto público en medio de una crisis económica. Las movilizaciones, lideradas por la Conaie, se extendieron rápidamente a provincias como Imbabura, epicentro de las protestas iniciales. En Otavalo y Cotacachi, cabeceras cantonales de Imbabura, se reportaron bloqueos en la vía E35 (Panamericana Norte) desde el 22 de septiembre, afectando el transporte de alimentos y combustibles.
Lautaro Bernat, de 32 años y con doble nacionalidad española-chilena (cuyo nombre completo es Bernat-Lautaro Bidegain Ros), inició su cobertura del paro desde sus primeras horas. A través de transmisiones en vivo en redes sociales desde Pelofuego, un medio digital con enfoque en derechos indígenas y protestas sociales, documentó cortes de luz, interrupciones de internet y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en Otavalo. El 28 de septiembre, por ejemplo, transmitió en directo la represión contra comunidades indígenas en esa zona, donde se registró el uso de gases lacrimógenos y detenciones masivas.
Antecedentes internacionales y reacciones en redes sociales
Este no es el primer incidente migratorio para Bernat. En mayo de 2025, fue deportado de Panamá al llegar al Aeropuerto Internacional de Tocumen el 3 de mayo, con la justificación oficial de “atentar contra el orden público”. El periodista pretendía cubrir una huelga nacional docente y manifestaciones de trabajadores. En ese caso, fue retenido por agentes del Servicio Nacional de Migración sin acceso a asistencia consular, según reportes de La Estrella de Panamá. Aquel caso generó críticas de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que lo vinculó a restricciones a la cobertura periodística en la región.
